Roberto, un profesor de 35 años que realiza clases de Matemáticas y Estadísticas, tras volver de su trabajo el jueves 17 de octubre se encontró con una nueva y masiva evasión. El 29, mientras las fuertes protestas continúan en el centro de Santiago, personal de la Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones (BIPE-PDI) lo detiene en su domicilio. Las imágenes de Roberto a cara descubierta “destruyendo” los torniquetes fue la principal y única prueba en su contra. No hay labor ni mérito policial, de inteligencia o investigación.
Fue detenido tras demostrarse mediante registros de video que había dado unos cuantos palmetazos y golpes de zapatilla contra unos torniquetes del metro. Dado el nulo daño causado al metal mediante esas vías tan poco idóneas para destruirlo, y la falta de antecedentes penales del imputado, en condiciones normales no hubiera alcanzado ni para una multa por daños menores. Pero la invocación de la Ley de Seguridad del Estado permitiría aplicar una pena absolutamente desproporcionada de entre 3 años y 1 día a 10 años. Los leguleyos del estado dirán que «No es menor señalar que este es el primer hecho donde parten todos los hechos que posteriormente todos conocemos, con destrucción y con quema de algunas estaciones del Metro». O sea que, en flagrante violación de los principios del Derecho penal moderno, a esta persona se la persigue no por lo que hizo en concreto, sino en tanto símbolo del inicio de la insurrección
El nuevo ministro de guerra (o del interior según sea el caso), Gonzalo Blumel solicitó el máximo de penas contra Roberto señalando que «esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas». Hoy se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad con un plazo de 90 días de investigación. Lo desproporcional de la respuesta del Estado ante la acusación por la que se le imputa solo evidencia la brutalidad a la que nos somete el sistema capitalista. Las fuerzas represivas del Estado asesinaron, violaron, torturaron, golpearon, detuvieron y aprisionaron en la clandestinidad a decenas de los nuestros, pero no rompieron ni un molinete.
«El gobierno tiene a Roberto como trofeo y desean hacer un castigo ejemplar con él, quieren arruinarle su vida para que la gente lo piense dos veces antes de unirse a la protesta y la desobediencia civil. No olviden a Roberto, podría haber sido cualquiera de nosotros, el Estado quiere solo amedrentar y asustar a la población.» (Comunicado público de su pareja, 2 de noviembre)
Recomendamos la lectura del artículo: ¡Abajo el estado policial! ¡Libertad a todxs lxs presxs de la revuelta! (Anónimo. Chile, 28 de octubre) para ahondar en este tema y sobre la prisión preventiva ya efectiva a tres jóvenes por hacer barricadas prendiendo maderas en la línea del Metrotren. Fueron interrogados en comisaría por funcionarios encapuchados, sin identificación alguna y sin presencia de un abogado. Por las características de la acusación, no debería aplicarse la prisión preventiva durante la investigación y el juicio, pero sucede que hay un ensañamiento especial porque los detenidos están vinculados al Movimiento Juvenil Lautaro.
Fue detenido tras demostrarse mediante registros de video que había dado unos cuantos palmetazos y golpes de zapatilla contra unos torniquetes del metro. Dado el nulo daño causado al metal mediante esas vías tan poco idóneas para destruirlo, y la falta de antecedentes penales del imputado, en condiciones normales no hubiera alcanzado ni para una multa por daños menores. Pero la invocación de la Ley de Seguridad del Estado permitiría aplicar una pena absolutamente desproporcionada de entre 3 años y 1 día a 10 años. Los leguleyos del estado dirán que «No es menor señalar que este es el primer hecho donde parten todos los hechos que posteriormente todos conocemos, con destrucción y con quema de algunas estaciones del Metro». O sea que, en flagrante violación de los principios del Derecho penal moderno, a esta persona se la persigue no por lo que hizo en concreto, sino en tanto símbolo del inicio de la insurrección
El nuevo ministro de guerra (o del interior según sea el caso), Gonzalo Blumel solicitó el máximo de penas contra Roberto señalando que «esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas». Hoy se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad con un plazo de 90 días de investigación. Lo desproporcional de la respuesta del Estado ante la acusación por la que se le imputa solo evidencia la brutalidad a la que nos somete el sistema capitalista. Las fuerzas represivas del Estado asesinaron, violaron, torturaron, golpearon, detuvieron y aprisionaron en la clandestinidad a decenas de los nuestros, pero no rompieron ni un molinete.
«El gobierno tiene a Roberto como trofeo y desean hacer un castigo ejemplar con él, quieren arruinarle su vida para que la gente lo piense dos veces antes de unirse a la protesta y la desobediencia civil. No olviden a Roberto, podría haber sido cualquiera de nosotros, el Estado quiere solo amedrentar y asustar a la población.» (Comunicado público de su pareja, 2 de noviembre)
Recomendamos la lectura del artículo: ¡Abajo el estado policial! ¡Libertad a todxs lxs presxs de la revuelta! (Anónimo. Chile, 28 de octubre) para ahondar en este tema y sobre la prisión preventiva ya efectiva a tres jóvenes por hacer barricadas prendiendo maderas en la línea del Metrotren. Fueron interrogados en comisaría por funcionarios encapuchados, sin identificación alguna y sin presencia de un abogado. Por las características de la acusación, no debería aplicarse la prisión preventiva durante la investigación y el juicio, pero sucede que hay un ensañamiento especial porque los detenidos están vinculados al Movimiento Juvenil Lautaro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario