TIEMPOS DE MODERACIONES PROGRESISTAS

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La política está agitada a lo largo del continente: elecciones, referéndums, revocaciones y acalorados debates locales sobre leyes “históricas” que no cambian ni un poco el curso de la historia. En el fondo, nada trascendental se está definiendo. Desde el Estado nos dicen que son tiempos de moderación y conciliación. No es momento de grandes cambios, sino de cómo hacer para que, a pesar de la catástrofe, nada cambie. Eso es lo que importa a la burguesía en contextos como el presente.

La clase dominante ha tomado nota de los últimos sacudones sociales y trata de mantener la calma al menor costo posible. Y si algo cuesta poco cuando ya no queda mucho por repartir, son las palabras, tanto de sus discursos, como las de la letra muerta de las leyes que nos invitan a acompañar, y que muchos sectores piden a gritos. Es por eso que se reimpone el progresismo como mejor opción para los tiempos que corren. Una canalización estatal de rostro amable ante la desocupación, el hambre, el descontento, la represión, y las medidas pandémicas que completan la catástrofe capitalista cotidiana.

Bolivia: MAS no se puede

El 18 de octubre se realizaron las elecciones generales para elegir al presidente, vice, senadores y diputados. Como presidente resultó elegido en primera vuelta Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien obtuvo 55,1% de los votos. Arce ya fue ministro de Economía y aclamado por la burguesía internacional. «El hombre detrás del éxito de Evo Morales», titulaba hace cuatro años The Wall Street Journal.

Extraño “golpe de Estado” aquel que llama a elecciones, pierde y se retira democráticamente. El derrocado Evo Morales, tras una revuelta no iniciada por quienes luego gobernaron, fue la mejor carta para la modernización capitalista de las últimas décadas en la región, en sintonía con el progresismo latinoamericano.(1) Hoy el mejor es Arce, un personaje más tibio, que será el encargado de llevar adelante el ajuste en Bolivia con los menores sobresaltos posibles. Deberá recurrir al ejército “golpista” para repartir comida, destruir aún más la región para extraer litio, administrar, gestionar y reprimir. Y no porque sea igual a la primera “dictadora” latinoamericana Jeanine Áñez, justamente la virtud de los mandatarios estatales reside en su alternancia y en las necesarias diferencias.

Estamos asistiendo a un proceso regional donde dicha alternancia se presenta como fundamental para el mantenimiento del orden. El llamado “socialismo del siglo XXI” ha dejado de estar en la boca de los mandatarios progresistas de Latinoamérica. A excepción del desopilante y hambreador gobierno de Maduro, el resto de asesinos y represores ha bajado el nivel de beligerancia. La necesidad de “sacar a la derecha y los golpistas” justifica una moderación cada vez mayor para garantizar gobernabilidad, que se sostiene gracias a la “amenaza latente” de la derecha. Por eso, el mal menor es aceptado cada vez más sin chistar, mientras se va pareciendo cada vez más al mal mayor que tanto se dice evitar.

El descontento que había en Bolivia con el gobierno de Morales previo al “golpe” fue encausado nuevamente gracias a la polarización política. La derecha, con sus políticas represivas y de ajuste más directas, parece haber funcionado como un castigo aleccionador para que el progresismo retorne y sea abrazado nuevamente en su versión menos izquierdista. El problema, entonces, no es la derecha: es la burguesía. Y tampoco es un problema boliviano. En esta región hemos asistido a un proceso similar en la sucesión Fernández-Macri-Fernández. Y acá también cualquiera es acusado de “golpista” por el gobierno o la izquierda, se trate de un youtuber reaccionario o las manifestaciones algo desquiciadas que exigen el fin de la cuarentena en nombre de las libertades individuales y la propiedad privada. Estas acusaciones sobre dichos sectores minoritarios, y por ahora bastante inofensivos, son completamente trasladables a cualquier lucha proletaria que vaya más allá de los canales instituidos. Es por todo esto que intentamos sacar algunas lecciones, tanto dentro como fuera de Bolivia.

Queremos referirnos a realidades colectivas y no a simples identidades políticas. Que Camacho, Áñez y demás comeostias generen asco e ira no es suficiente para hacer un frente amplio contra ellos. Esos frentes difusos y tan amplios que permiten una cosa y su contrario son desde hace años los rectores de los movimientos sociales. Nos advierten, a la hora de protestar masivamente, que seremos tratados como “golpistas” por sus fuerzas del orden democráticas, torturadoras y desaparecedoras.

Chile: la represión de las urnas

El plebiscito nacional de Chile de 2020 fue un referéndum convocado para el 25 de octubre con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva Constitución. A casi un año del comienzo del estallido social en Chile, llorando los muertos y con cientos de presos por las revueltas, se habla de apruebo o rechazo “la Constitución de Pinochet”. El apruebo a «¿Quiere usted una nueva Constitución?» ganó con el 78%, aunque cabe recordar que la participación fue del 50% del padrón electoral. Una “fiesta de la democracia” con relativa asistencia.

«Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia» dijo el presidente Sebastián Piñera, en un discurso utilizable para cualquier ocasión de votaciones en cualquier país de Occidente. Pese a su falta de originalidad, no ha mentido: de eso se trata la ciudadanía y la democracia, de tratar formalmente iguales a quienes se saben socialmente desiguales. Aunque las únicas comunas del país donde ganó el rechazo son las más ricas, o donde se sitúan bases militares, eso no es suficiente ni acertado para exponer una supuesta posición de clase en las urnas.

Si bien es una forma de canalizar la lucha colectiva en una salida institucional, este referéndum no es ni el comienzo ni el final. Podríamos pensar que se trata de una derrota, pero es tan solo un momento de la lucha de largo aliento que sucede en aquella región. Ahora, cabe reflexionar acerca de las debilidades que hacen que una lucha colectiva sin dirigentes estatales, espontánea y multiforme sea tan fácilmente canalizable. En caso contrario, las revueltas tan solo ocurrirán como un hecho tras otro sin que hagamos el balance necesario para poder avanzar. Nuestro horizonte no puede ser simplemente la movilización, el conflicto o incluso el enfrentamiento con las fuerzas represivas: esos son los caminos inevitables, pero la solución está más allá de eso.

«Para la gran mayoría de los grupos extraparlamentarios de izquierda, la única salida para el actual conflicto social en curso es la realización de una “Asamblea Popular Constituyente”, es decir, una Asamblea Constituyente “de verdad” que refunde el Estado, asumiendo en general que éste poseería un carácter neutro o factible de dar respuesta positiva a las “demandas populares” (…)

La ingenuidad de los sectores que defienden este tipo de perspectivas nos parece brutalmente peligrosa, ya que siembra la ilusión de que es posible realizar cambios dentro de los márgenes estrechos de la dictadura del mundo mercantil. No basta con una “mayoría” participando de un movimiento social “genuinamente democrático” para imponer nuestras reivindicaciones. Más temprano que tarde, este delirio se derrumbará y llegará el momento de ir por todo, o sucumbir ante la barbarie que acecha el porvenir.» (2)

Estados Unidos: el mayor mal menor

Luego de varios días de recuento de votos y de que Trump digiriera su derrota, finalmente se supo que ganó Biden del Partido demócrata. Ante la ida del republicano festejan muchos: progresistas de todo color, izquierdistas, trotskistas, kirchneristas y antikirchneristas.

La política de la identidad ha hecho estragos en la mentalidad de izquierdas, si es que esa clasificación aún sirve. Antirracistas y feministas festejan que haya una vicepresidenta negra en uno de los países gendarme de este mundo. Como si el color de piel o los genitales de un funcionario pudiesen cambiar la naturaleza del Estado, como si las funciones en un gobierno dependieran plenamente del genio individual.

La perspectiva de clase ha sido reemplazada por una perspectiva identitaria. No se trata de que la perspectiva de clase rechace o pretenda integrar las cuestiones raciales o de género, sino de que justamente el proletariado comprende esas realidades también. No se pueden pensar las problemáticas particulares “más allá de las clases”, sino apuntar a una comprensión global de la sociedad capitalista.

Cuando Trump ganó las elecciones publicamos un artículo que vale la pena recordar,(3) allí señalábamos que Obama se retiró de la presidencia de los Estados Unidos con un récord de inmigrantes deportados. Lo hizo, aunque no lo haya declarado de manera ofensiva y hasta ridícula en su campaña. Trump había prometido en su campaña anterior 11 millones de deportaciones, pero no cumplió. Se mantuvo incluso por debajo de la media anual de sus antecesores. Si de algo se puede “enorgullecer” Trump respecto a su política migratoria, es del crecimiento de los arrestos de inmigrantes en los centros de detención fronterizos, de los que se han denunciado sus condiciones de hacinamiento.

Los datos, no obstante, parecen no importar cuando lo fundamental es “posicionarse políticamente”. Porque el votante de izquierda se siente satisfecho, piensa que deportar inmigrantes es “de derecha”, así como reprimir. En Argentina hasta hay quienes llegan a pensar que la legalización de la marihuana o el aborto no son cosas de la derecha. Pero basta recordar que fue el gobierno de Macri quien metió el proyecto del aborto en el Congreso, o su atención puesta en la cuestión trans. El imaginario cultural de izquierda también abruma en su superficialidad, como si los fachos no fumaran porro, como si cualquier vecino solidario perteneciera al “campo popular”. Recordamos que en Argentina el pasado triunfo de Trump en 2016 fue festejado por el peronismo clásico, lo cual desorientó a las nuevas generaciones peronistas, que confunden a Evita con una feminista. Cuatro años de un exagerado y desagradable como Trump, más el triunfo de Biden-Harris, dejan allanado el camino para quienes gustan posicionarse “correctamente”.

Perú: no es solo corrupción

El día domingo 15 de noviembre renunció, tras menos de una semana en el cargo, el presidente Manuel Merino, quien había asumido luego de la destitución de Martín Vizcarra. La renuncia resultó de varias jornadas de movilizaciones y protestas que fueron acrecentándose en todo el país. El sábado 14 de noviembre se desató una feroz represión sobre los manifestantes, dejando un saldo de cientos de heridos y dos muertos: Inti Sotelo de 24 años y Jack Pintado de 22 años. El lunes el Congreso finalmente nombró como presidente a Francisco Sagasti, un personaje poco manchado por el historial de corrupción reciente, miembro del Partido Morado y de cierta impronta “renovadora”. En su cínico discurso homenajeó a los dos jóvenes asesinados a manos de la policía, los llamó “defensores de la democracia”, prometió apoyo a los heridos y pidió perdón a las familias de las víctimas en nombre del Estado. Otro ejemplo más de discursos moderados que acompañan la mano dura buscando garantizar la paz social.

Martín Vizcarra había asumido en 2018 tras la renuncia, también por causas de corrupción, del presidente electo en 2016 Pedro Pablo Kuczynski. Cuatro presidentes en dos años y medio, o tres presidentes en menos de una semana, traen algunos recuerdos por estos lados. Todo este proceso de crisis política tiene como trasfondo la crisis económica y social que azota la región, profundizada este año. Las movilizaciones vienen sucediéndose hace años desde diferentes sectores, poniendo mayoritariamente el eje en la corrupción del gobierno. Se han agitado consignas como “Que se vayan todos” pero con una impronta marcadamente ciudadanista, proponiendo una asamblea constituyente, una transformación de las instituciones y de la Constitución fujimorista de 1993 en pos de una renovación política.

Las últimas movilizaciones tras la designación de Merino se han extendido a más sectores de la población, rompiendo incipientemente con las fronteras pacíficas e institucionales de sindicatos, partidos y organizaciones civiles de “Lucha contra la corrupción”.

La situación parece haberse calmado por el momento con el recambio presidencial, pero ningún problema de fondo ha sido resuelto. Este estallido, así como las recientes movilizaciones en Guatemala contra el ajuste y la corrupción, tienen diferentes detonantes pero surgen de una misma situación explosiva que se impone en todas partes y que el aturdimiento basado en estadísticas sanitarias ya no puede tapar.

Argentina: nada fuera del Estado

En Argentina se aprobó en diputados el proyecto de ley oficialista de impuesto a las grandes fortunas, entendido como un aporte “solidario”, a realizarse por única vez, con el objetivo de paliar los “efectos del coronavirus”. Esta nueva medida es anunciada con bombos y platillos por los sectores progresistas del gobierno como una defensa de los trabajadores y una “redistribución de la riqueza”, acompañada en la calle por una “caravana de la militancia” con su epicentro en el Congreso y replicada en diversas partes del país. Todo el aparato dispuesto para dejar en claro lo popular de la medida. En este sentido, medios oficialistas y portavoces del gobierno se obstinaron en discutir con el Frente de Izquierda, cuyos diputados decidieron abstenerse por considerarlo insuficiente y tener un proyecto de ley propio con el que han insistido desde comienzos de la cuarentena. Mientras tanto, diputados impulsores de la ley oficialista como Carlos Heller aclaran hasta el cansancio que solo afecta en porcentajes reducidos, escalonados y por única vez, a las riquezas de unos 9000 empresarios, aproximadamente. No vaya a ser cosa que los bombos de la justicia social opaquen la búsqueda de conciliación y paz entre clases.

Concretamente, de aprobarse en el Senado y finalmente aplicarse, con la ley se recaudarán aproximadamente unos 300 mil millones de pesos, destinados a créditos y subsidios para Pymes (20%), financiar obras de YPF (25%), urbanización (15%), implementos sanitarios (20%) y planes Progresar de ayuda a estudiantes (20%). Es decir, poca plata que en su mayoría se reparte entre la misma burguesía.

Mientras estamos sufriendo las consecuencias de una profunda crisis económica y un ajuste aleccionador con represión, despidos, inflación y aumentos insultantes en sueldos y jubilaciones, sectores del gobierno se dedican a montar espectáculos lamentables orientados a disimular la situación. Mientras se reprimía ferozmente en Guernica, personajes como Grabois hacían el ridículo interfiriendo en defensa de Dolores Etchevehere en una disputa con sus hermanos por una parte de su herencia. Ahora fue el turno de la caravana de la militancia en apoyo al impuesto, en las próximas semanas será el turno de la ley del aborto en lo que será otro intento por apaciguar los ánimos sociales con concesiones completamente integradas a la lógica dominante.(4) Se hace notorio cómo el gobierno, hacia fin de año y habiendo quitado el IFE, con récords de desocupación y tras levantar el aislamiento, busca reforzar el orden canalizando a todas sus filas hacia el plano institucional, apoyando desde la calle a tal o cual ley mientras la realidad social es cada vez más desastrosa. Vía libre a la movilización, siempre que sea en apoyo al propio gobierno.

Una vez más, debemos insistir en que el problema no es tal o cual ley, sino la Ley misma. No se trata de mejores leyes con verdadero apoyo en las calles, sino que la lucha debe tomar otro camino para que nuestros problemas se solucionen realmente. En este sentido la reflexión acerca del funcionamiento de la producción capitalista tiene mucho que aportar al momento de la lucha, donde todo tipo de consignas prefabricadas se repiten una y otra vez. La discusión sobre un impuesto a las grandes fortunas y la redistribución de la riqueza requiere de ciertas precisiones. Si el proyecto del gobierno finalmente se efectiviza es debido justamente a las características que mencionábamos más arriba. La izquierda tiene su propio proyecto, de mayor alcance, para que por primera vez se cumpla aquello de “que la crisis la paguen los capitalistas”. Pero, por más lindo que suene, es completamente impracticable hacer una verdadera quita a la burguesía desde el propio Estado en un contexto como este y además pretender que eso se reparta entre los proletarios. Cuando decimos esto, no lo hacemos desde el clásico posibilismo que limita las luchas, sino que lo hacemos desde un análisis de las relaciones de producción capitalistas, para no ilusionarnos con propuestas que en el fondo solo buscan juntar votos y sumar militantes. Nosotros agitamos la necesidad de la revolución social, asumiendo las dificultades que implica una perspectiva revolucionaria en contextos de pacificación social.

En primer lugar, no hay que perder nunca de vista que el patrimonio de la burguesía es producto de la explotación y desposesión de generaciones proletarias. Por otro lado, la riqueza en el capitalismo no funciona como atesoramiento más que en una pequeña parte, sino como Capital, como valor que se valoriza. Por eso, un impuesto más extensivo como se propone no afectaría meramente al patrimonio de cada gran empresario, como si les sacaran ahorros de abajo del colchón o una cuenta oculta, una mansión o un yate. Los burgueses no se caracterizan por tener la mayoría de su dinero ocioso, sino que, para mantenerse como tales, invierten constantemente en Capital. Si el impuesto afectara esa parte destinada a la valorización del capital, esto supondría reducciones en las empresas, despidos, etc. El Estado no puede quitar mucho a las empresas en tiempos de crisis, de hecho, subsidia muchas de ellas de manera corriente, y más aún en contextos como este, como fue el caso del pago de parte de los salarios y las cargas sociales durante el aislamiento. Dicho de otro modo, las empresas solo pueden pagar más cuando ganan mucho, cuando existe una alta tasa de ganancia en el sector. De otro modo, las empresas quiebran, y ya sabemos lo que esto significa.

Entender algo no significa aceptarlo. Así como no aceptamos el desempleo pero sabemos que nunca habrá trabajo para todos. Así como aborrecemos la miseria pero sabemos que es constitutiva del orden capitalista. Expropiar a la burguesía es deseable y necesario en un contexto de lucha y a manos de los proletarios. Expropiar a ciertos burgueses a manos del Estado o llevarlos a la quiebra en un contexto como este solo significa empeorar la situación, reforzando el poder del Estado que va a tener algo más que repartir a algunos proletarios mientras deja a otros en la calle. Por eso las crisis no las pagan los capitalistas, por eso los compromisos de deuda se van pagando o renegociando, por eso no se puede cobrar un “verdadero” impuesto a la riqueza. Las propuestas que afirman lo contrario son utópicas y reaccionarias, y conducen a una perspectiva cada vez más estatista, nacionalista y electoralista. ¿Impuesto a la riqueza cuando a los salarios se los devora la inflación con la complicidad sindical? Nos quieren dejar impotentes frente a una gran cortina de humo que se suma al que el Estado dejó crecer durante todo el año en las islas del Río Paraná y las sierras cordobesas.

Bajo el capitalismo todo aspecto de la vida busca ser escindido y luego mediado por sus propias instituciones para dejarnos lo más débiles y frágiles posibles. Nos decían que estábamos indefensos frente al coronavirus y que confiáramos en el Estado maternal que priorizaba la vida frente a la economía. Finalmente, atendiendo a las estadísticas oficiales, la Argentina “modelo” no ha quedado bien posicionada a nivel mundial. Solo nos encerraron instalando el terror en la población, mientras hicieron poco y nada en materia sanitaria. Ahora llegó el momento de abrir por completo porque no tienen opción, con las vacunas como pronta salvación. La respuesta siempre tiene que estar afuera, sea en el Estado o la ciencia, pero nunca en nosotros mismos. Quedará la duda, en materia inmunitaria, de cuáles hubiesen sido los efectos de haber tenido otra relación con el virus, sobre el cual sigue habiendo pocas respuestas. De lo que no quedan dudas es que el encierro ha profundizado nuestras debilidades como clase y que la moderación progresista solo puede llevarnos a la paz de los cementerios.

 

Notas:
(1) Ver Bolivia: Revuelta y Golpe de Estado (La Oveja Negra nro. 66, noviembre de 2019)
(2) Ya no hay vuelta atrás, nro. especial: La democracia es el orden del Capital: apuntes contra la trampa constituyente.
(3) EE.UU.: Nuevo presidente (La Oveja Negra nro. 44, diciembre de 2016)
(4) Ver Aborto: cuestión social (La Oveja Negra nro.54, abril de 2018