Así como el contexto económico ha favorecido la difusión del discurso liberal, la violencia narco y el crecimiento del delito en general han promovido el discurso de mano dura para acabar con el crimen. Esta “lucha contra el crimen” contribuye a su vez a la legitimación de la represión de ciertas expresiones de lucha social, como cortes de calle u ocupaciones territoriales. Todo esto alimenta el rechazo generalizado a cualquier forma de lucha que sobrepase o se acerque a los límites de la legalidad, mientras crece la confianza en las fuerzas armadas en detrimento de la imagen pública de los políticos.
En septiembre de este año la diputada nacional y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, propuso un homenaje a los milicos de la última dictadura en la Legislatura porteña bajo la fachada de «Homenaje a las víctimas del terrorismo». Mientras otros defensores de la dictadura, como Ricardo Bussi en Tucumán, se han sumado como candidatos a la fuerza política de este mismo espacio político.
El homenaje resultó muy conveniente para todas las partes, incluidos los progresistas y su campaña del mal menor basada en el miedo, quienes indignados y amargados con el evento, lo tildaron de “negacionista”. La historia de la lucha de clases busca ser reducida, en el pasado y en el presente, a una lucha política. Unos buscan reflotar la “teoría de los dos demonios” y otros señalar que “los únicos terroristas fueron las fuerzas armadas y sus cómplices”, desviando así la mirada del Estado y la democracia.
Cuando nos hablen de negacionismo y terrorismo, tengamos cuidado. Muchos de quienes hoy se rasgan las vestiduras democráticas pertenecen a espacios políticos que fueron cómplices de la dictadura y cuyos gobiernos han continuado aplicando métodos terroristas de asesinato y desaparición en democracia. Son los héroes de la democracia que acompañaron las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, y posteriormente los indultos. Los asesinos de Maxi y Darío, de Santiago Maldonado, los responsables de la Ley Antiterrorista o el Proyecto X, los cómplices de las mafias policiales y criminales que han dado rienda suelta al delito, ahora dicen asustarse del avance de la derecha. Se trata de una puesta en escena que no sorprende en plena campaña electoral, pero sí llama la atención acerca de cuántas personas se suben ad honorem a este tren.
Lo sucedido en Jujuy a mitad de año fue un fuerte ejemplo de lo que puede venir en materia represiva. La clase capitalista, sus políticos y su policía atacaron ferozmente a quienes protestaron por las pésimas condiciones de vida y contra la reforma constitucional que, entre otras cosas, allana el camino para la represión y los desalojos necesarios para los negocios extractivistas. El gobernador fue condecorado inmediatamente como candidato a vicepresidente.
La consigna generalizada de ese momento fue «Abajo la reforma. Arriba los salarios», luego se fue desgastando para llevarla al terreno de las instituciones: «Abajo la reforma. Arriba los derechos». Otra vez las abstracciones frente a las necesidades inmediatas de una población golpeada por la desocupación y los sueldos de miseria.
En aquellos días compartíamos un panfleto titulado Jujuy: represión y lucha en tiempo de campaña electoral que cerrábamos diciendo que, mientras nos entretengamos en sus campañas y sus puestas en escena, lo fundamental permanecerá intocable: una forma de sociedad que necesita que unos pierdan para que otros ganen.
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