VIOLENCIA Y MÁS VIOLENCIA

En enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa de 18 años es brutalmente asesinado por una patota. Se trata de diez varones de entre 18 y 21 años que también estaban de vacaciones. Varios de los implicados jugaban al rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate, razón por la cual los conocemos como “rugbiers”. Y si todos son ubicados en esa descripción es porque parecen dar con un perfil sociológico común.

¿Por qué el brutal asesinato de Fernando nos impactó tan fuertemente hace tres años? ¿Y por qué, ahora en pleno juicio oral y público, nos vuelve a conmover?

Es una historia donde la brutalidad y la falta de empatía se presentan sin complejidades. Fernando era un pibe hijo de inmigrantes nacido en argentina, de familia trabajadora. Y los “rugbiers” unos desagradables que se regocijan en su matonería, racistas y de lo que se considera clase media alta.

En los canales de televisión, las redes sociales, han hecho lo propio. Han aprovechado las características del caso y el morbo existente para hacer del suceso el centro de su programación. Como en todas las ocasiones que los medios masivos de comunicación convierten un hecho en noticia hacen un recorte de la realidad. Y, paradójicamente, un asesinato sirve para ocultar decenas de otros. Jóvenes hombres, de la edad y la clase social de Fernando son quienes mueren a diario en Argentina. Son las características que tristemente lideran las estadísticas de muertos en “accidentes laborales”, por las fuerzas de seguridad, en el narcotráfico y la delincuencia, y en lo que se ha denominado el problema de la “inseguridad”.

Los medios presentan el caso como una serie de Netflix. Todos los días un nuevo detalle más escabroso: las declaraciones judiciales de los testigos, los mensajes de wasap de los asesinos, la vida privada de la víctima, los videos, la zapatilla con sangre. Incluso se juega con la fantasía de que los asesinos sean torturados y violados por los presos. En esta cultura de la violación, la violación es justamente un castigo, tal como la ejercen muchos de los violadores fuera de las prisiones, pero en las prisiones tiene la aprobación de millones de ciudadanos “de bien”.

Escuchamos que una vez más la violencia machista salpica al deporte. Como si la agresiva competencia deportiva, los ataques en manada, los rituales de iniciación masculina, o el pacto de silencio sobre los abusos no fueran hechos constitutivos de este machismo que es presentado como una amenaza externa que ensucia el buen desarrollo de esta sociedad.

La cultura del odio y la estupidez no son patrimonio del deporte en general ni del rugby en particular. Está presente en los hogares, en los centros de trabajo o de educación, en el campo y la ciudad. Por eso el Código Penal no puede resolver el problema, solo puede dar algo de paz a los familiares y amigos del asesinado.

En lo relativo a este caso se habla también de clasismo, el cual es comprendido como una actitud discriminatoria basada en la supuesta pertenencia a una clase social. Anteriormente, en el viejo movimiento obrero, se le llamaba clasismo al hecho de luchar y defender los intereses de la clase obrera.

Este boletín asume la existencia de clases sociales y lo considera fundamental para comprender y transformar la sociedad, pero no por ello es clasista, en ninguna de sus dos acepciones. Ni la clásica reafirmación del movimiento obrero, ni mucho menos en el sentido discriminatorio.

Generalmente se habla de clase como un atributo moral, así un explotador millonario podría ser “del pueblo” por su forma de vestir o expresarse. Evidentemente no se hace referencia a las clases en torno a la explotación capitalista, sino desde un punto de vista cultural e identitario. Por otra parte, es un clasismo que orbita en torno a lo que en Argentina se considera clase media. Pero quienes organizan, ejercen o encubren los asesinatos de todos los días no son “aburguesados” o “clasistas”, son burgueses.

En tanto que gobierno de la burguesía, el Estado conceptualiza la violencia de tal modo que le permite presentarse como externo al problema y, por tanto, como una potencial fuerza para el bien. Pero puede castigar justamente porque detenta el monopolio de la violencia y es responsable de su producción cotidiana.

Las denominadas políticas “contra la violencia” permiten legitimar jueces, ejércitos, policías y oficinas multidisciplinarias del Estado. Y en ocasiones son la coartada perfecta para incrementar el control de las poblaciones. Es preciso notar cómo, y no es nada reciente, se introduce en la opinión pública el debate sobre nuevas reglamentaciones punitivas y tecnologías de control a partir del castigo a los agresores.