El pasado 11 de septiembre, Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile desde la cárcel de Esquel. El proceso de extradición finalizó rápidamente, y dictaminaron que el juicio será a principios de diciembre. Mientras tanto, continúa en la Cárcel de Alta Seguridad de Valdivia en condiciones penosas. El “gran diario argentino”, con mucha bajeza, titulaba «El lonko Jones Huala se queja porque pasa frío», pero lo que no dice es que el penal está instalado en un humedal del que brota agua, que las ventanas son aberturas con barrotes sin vidrios, que el baño solo cuenta con agua fría y no puede acceder a agua caliente para un té, un mate o una sopa...
Debemos recordar el contexto en el que Facundo comenzó a ser perseguido, detenido y procesado: en una comunidad mapuche en resistencia a megaproyectos capitalistas que pretenden represar el Río Pilmaiquén. En el año 2013, el Estado chileno inició un juicio político a los defensores del territorio, que fueron absueltos de nueve causas, entre ellas Pisu Pisué. Luego de esto, un entramado entre los gobiernos de Argentina y Chile comenzó a rondar la vida de Facundo y la comunidad de Cushamen.
Felizmente, fue recibido, visitado y apoyado por distintos sectores del pueblo mapuche, que se acercan a la cárcel a brindar su fuerza.
Paralelamente, Lautaro González y Fausto Jones Huala están siendo acorralados judicialmente, al serles prohibida su defensa, mientras el Estado intenta aprisionarlos para ser indagados e imputados por “atentado al orden constitucional”, por haber reconocido pertenecer al Movimiento Autonomo de Puel Mapu (MAP) y vivir en el territorio recuperado por las “Pu lof en Resistencia de Cushamen”, sumando esta acusación a las imputaciones por usurpación, atentado agravado y muerte dudosa.
En un comunicado publicado de septiembre, el compa Lautaro, además de anunciar que no se va a entregar al sistema judicial, escribe: «Ante este panorama de persecusión, hostigamiento y criminalización, pretenden culparnos de un supuesto “enfrentamiento armado” para proteger y dar impunidad a los asesinos del weichafe Rafael Nahuel Salvo, entregarme mansamente quedando en manos del Estado y su sistema judicial corrupto nunca fue una opción, porque aprendí de mi gente a resistir y combatir la opresión a la que pretenden someternos. No me arrepiento de haber intentado salvar la vida del weichafe Rafael Nahuel Salvo, de haber bajado su cuerpo moribundo de la montaña hasta la ruta, para que su familia no padezca el sufrimiento de que desaparezca en manos de las fuerzas represivas, asumiré las consecuencias y no claudicaré en mi accionar.»
Estas situaciones, sumadas a otras persecusiones que sufren las comunidades mapuche en el sur, como la quita de personerías jurídicas a seis comunidades en Neuquén o los diferentes intentos de apropiarse del territorio por parte de distintos empresarios, dan pauta de la agudización represiva que se está viviendo en las recuperaciones.
Debemos recordar el contexto en el que Facundo comenzó a ser perseguido, detenido y procesado: en una comunidad mapuche en resistencia a megaproyectos capitalistas que pretenden represar el Río Pilmaiquén. En el año 2013, el Estado chileno inició un juicio político a los defensores del territorio, que fueron absueltos de nueve causas, entre ellas Pisu Pisué. Luego de esto, un entramado entre los gobiernos de Argentina y Chile comenzó a rondar la vida de Facundo y la comunidad de Cushamen.
Felizmente, fue recibido, visitado y apoyado por distintos sectores del pueblo mapuche, que se acercan a la cárcel a brindar su fuerza.
Paralelamente, Lautaro González y Fausto Jones Huala están siendo acorralados judicialmente, al serles prohibida su defensa, mientras el Estado intenta aprisionarlos para ser indagados e imputados por “atentado al orden constitucional”, por haber reconocido pertenecer al Movimiento Autonomo de Puel Mapu (MAP) y vivir en el territorio recuperado por las “Pu lof en Resistencia de Cushamen”, sumando esta acusación a las imputaciones por usurpación, atentado agravado y muerte dudosa.
En un comunicado publicado de septiembre, el compa Lautaro, además de anunciar que no se va a entregar al sistema judicial, escribe: «Ante este panorama de persecusión, hostigamiento y criminalización, pretenden culparnos de un supuesto “enfrentamiento armado” para proteger y dar impunidad a los asesinos del weichafe Rafael Nahuel Salvo, entregarme mansamente quedando en manos del Estado y su sistema judicial corrupto nunca fue una opción, porque aprendí de mi gente a resistir y combatir la opresión a la que pretenden someternos. No me arrepiento de haber intentado salvar la vida del weichafe Rafael Nahuel Salvo, de haber bajado su cuerpo moribundo de la montaña hasta la ruta, para que su familia no padezca el sufrimiento de que desaparezca en manos de las fuerzas represivas, asumiré las consecuencias y no claudicaré en mi accionar.»
Estas situaciones, sumadas a otras persecusiones que sufren las comunidades mapuche en el sur, como la quita de personerías jurídicas a seis comunidades en Neuquén o los diferentes intentos de apropiarse del territorio por parte de distintos empresarios, dan pauta de la agudización represiva que se está viviendo en las recuperaciones.
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