Es un secreto a voces que las relaciones sociales en el capitalismo se encuentran invertidas: son relaciones entre cosas donde los seres humanos somos reducidos a un medio. En tales circunstancias, no es de extrañar que las representaciones se confundan con lo representado, e incluso que los intereses de los representados se confundan con los de sus representantes. Es decir, los intereses de los gobernantes con los de los gobernados, los de los explotadores con los de los explotados.
El derecho moderno está determinado por las relaciones sociales capitalistas: igualdad abstracta, productores privados e independientes que socializan en el intercambio. Los poseedores de mercancías se ven a sí mismos como individuos libres e iguales entre sí. Esta igualdad formal entre capitalistas poseedores de medios de producción y subsistencia, y proletarios poseedores de su fuerza de trabajo, es la que hace posible la producción del plusvalor y la explotación del trabajo asalariado.
La igualdad, como concepto dominante de nuestra época, proviene justamente de la compra y la venta, del mercado. Si cada mercancía que llega al mercado puede igualarse a cualquier otra es porque el motivo de su producción no es su cualidad particular, su uso concreto, lo que importa es que va a ser cambiada por dinero, la mercancía por excelencia que representa todas las mercancías. Este proceso de igualación, que opera a partir del valor, es la clave de todo el derecho burgués que a veces los movimientos sociales empuñan como arma o escudo.
Mercancía y derecho son dos fenómenos inseparables e implicados recíprocamente. Por tanto, defender los derechos humanos como la cúspide del desarrollo humano, fruto de una ética ahistórica, es defender este mundo mercantil. Nos han dicho que allí donde hay una necesidad debe existir un derecho porque el derecho es natural al “Hombre”.
Por su parte, el Estado democrático conceptualiza la violencia de tal modo que le permite presentarse como ajeno a sus causas y, por tanto, como una potencial fuerza para el bien. A la violencia que excede su monopolio le opone el cumplimiento de los derechos. De este modo, busca garantizar la paz social de esta democrática sociedad.
Para el aparato jurídico existen situaciones aisladas y no relaciones sociales de producción. Abordar los problemas de manera social, críticamente, iría en contra de su propia función. Es por eso que el inmediatismo punitivista produce la culpabilización de individuos. Le es imposible “condenar” una relación social, porque para el individuo hay todo un entramado listo para juzgarlo, mientras que para la relación social no basta con aplicar dispositivos legales, ni hay satisfacción inmediata. Sin embargo, para mantener esa perspectiva conformista es preciso hacer abstracción de los agravios constitutivos de nuestra sociedad, desde el trabajo asalariado a la religión, de la represión al urbanismo.
Por otra parte, cuando se pide justicia y se habla de condenas, se pide al Estado y su Poder Judicial que resuelva una cuestión emocional para lo cual no fue creado y que es incapaz de satisfacer. Y aunque el apresamiento de algún asesino o agresor pueda dar algo de alivio a algunas personas implicadas en el hecho juzgado, es sabido que las causas de dicha violencia persisten. Más allá de que ninguna sentencia devuelve al familiar o amigo con vida, esta sociedad sigue produciendo asesinos, torturadores, agresores, depredadores.
En el fetichismo de las formas, es posible deslumbrarnos ante un grupo de personas que decidieron organizarse asamblearia y horizontalmente de manera espontánea para resolver sus problemas. ¡Claro que esto es importante! Pero no es indispensable, ni garantiza que dicha propuesta vaya a buen puerto por el mero hecho de su apariencia horizontal. En ciertos barrios de la región argentina, vecinos se auto-organizan para pedir más policías y leyes más duras… y ni la horizontalidad ni la reflexión colectiva han garantizado que lleguen siquiera a acercarse a la conclusión de que el robo entre miembros de una misma clase es inherente a la propiedad privada.
Por tanto, se trata de una cuestión de forma, pero también de contenido, que en última instancia determina las formas. En ciertas ocasiones, la acción revolucionaria (es decir, un contenido posible y el que nos interesa) se manifiesta de manera asamblearia, otras de manera clandestina, otras de manera minoritaria, sin consultar, y luego es asumida por la mayoría.
La lucha de clases de las últimas décadas se manifiesta en las calles, las rutas, fuera de las ciudades y hasta en los hogares. Es en la posibilidad de frenar la circulación más que la producción y en los reclamos al Estado más que a una empresa o un patrón donde se encuentra su carácter interclasista y ciudadanista, donde reside su carácter democrático.
Las revueltas desatadas en diferentes partes del mundo en las últimas décadas, así como los “nuevos movimientos sociales”, a pesar de su carácter interclasista y ciudadanista, dejan en claro la persistencia de la lucha de clases. A su vez, evidencian la diversidad que compone a nuestra clase. Debemos atender, no solo como punto de llegada sino de partida, la denominada cuestión de género, la sexualidad, la racialización, la familia, la naturaleza de la cual formamos parte.
Y en los reclamos de legislación social (aborto, ley de humedales) precisamos vincular lo que se percibe como “defectos” de la democracia con sus “aciertos” y advertir cómo se condicionan unos a otros. Para así, dejar de suponer al Estado como una forma de organización neutral a disputar y reconocerlo como lo que es: el garante de una sociedad dividida en clases, con la ganancia como dios y la democracia como su forma más apropiada.
* Extracto de un artículo de Cuadernos de Negación publicado en Dialéktica número 32, revista de filosofía y teoría social (primavera de 2023, Buenos Aires). Leer completo en: cuadernosdenegacion.blogspot.com
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