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El alquiler de una casa consiste básicamente en que los propietarios sacan la máxima ventaja económica de sus propiedades en el estado en que se encuentren: ¿puede el interés de los propietarios ser idéntico al del resto de la sociedad?
Durante los últimos diez años el mercado inmobiliario ha crecido a nivel mundial, esto es importante si tenemos en cuenta que la crisis económica del 2008 estuvo precedida de un ciclo de auge y caída de los precios de la vivienda. Asimismo, desde el inicio del confinamiento generalizado, cuando todo atisbaba una crisis económica profunda, el mercado inmobiliario continuó su ciclo ascendente.
En Argentina, por el contrario, se ha retraído el mercado de compra y venta de inmuebles. Esto se debe, además de a los bajos salarios y a la inestabilidad de los precios, a la ausencia de créditos accesibles para la compra de viviendas. Por esto, se trata de un país donde una gran parte de la población debe alquilar. Lo que significa, por otro lado, una mayor cantidad de viviendas comercializadas como mera inversión de sus propietarios, como ahorro frente a la devaluación de la moneda local o como fuente de ganancia a través de la renta.
Es así también que las pujas entre propietarios e inquilinos han tomado una importancia preponderante en la región, y el Estado ha debido intervenir al respecto. Durante el 2020 se aprobó una nueva ley de alquileres, así como se fue extendiendo desde marzo de 2020 el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos mediante el llamado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
A comienzos de marzo de este año, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi anunció que no habría una nueva extensión de dicho decreto, pese a la evidente catástrofe social en la que estamos sobreviviendo. Esto implica que a partir del 1° de abril los inquilinos endeudados quedarán en la calle y habrá abundantes juicios de embargos.
Este DNU que prohíbe los desalojos del sector formal o con contrato, mantiene el precio del alquiler de marzo de 2020 y prorroga contratos de alquiler de manera automática. Pero cabe destacar que cada una de las renovaciones del DNU fue avisada por el gobierno a pocos días de finalizar la prórroga. Lo cual, ante la desesperación provocada por la incertidumbre y la presión de las inmobiliarias, obligó a miles de personas a buscar casas para alquilar cada vez más caras, no pudiendo hacer uso del decreto, en una situación de desocupación y precarización laboral crecientes y con salarios realmente congelados.
La falta de vivienda es otra gran problemática social de la región que se ha agravado en el 2020. La toma de tierras en Guernica (Buenos Aires), si bien fue emblemática no fue la única. Allí unas 2.500 familias (10.000 personas aproximadamente) se asentaron en terrenos destinados a un barrio privado y resistieron durante dos meses, hasta que fueron reprimidos ferozmente. Estas tomas de tierras en varias ciudades, así como las recuperaciones territoriales que viene realizando el proletariado mapuche en lucha en tierra patagónica, provocaron la reacción de la burguesía en defensa de la propiedad privada, tema que circuló en los medios durante algunas semanas.
En medio del debate sobre si debía o no extenderse el DNU, propietarios y empresarios salieron a combatir en defensa de la propiedad privada y en contra de nuestra supervivencia. Grandes diarios y canales del país hicieron su parte, ocultando o falseando información, confundiendo e infundiendo más miedo a los inquilinos. Mientras tanto, la Cámara de Propietarios y las inmobiliarias del país, de la mano de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto para que se derogue en su totalidad la ley 27.551 o “nueva ley de alquileres; la cual, más allá de los pocos beneficios que presenta para los inquilinos, en muchas ocasiones no es más que papel mojado ya que, como siempre, “la casa se reserva el derecho de admisión”.
Mientras el salario real disminuye notoriamente, con recortes en muchos sectores o aumentos completamente por debajo de la inflación, el peso argentino sigue devaluándose a un ritmo acelerado, con el impacto en los precios y en el costo de vida que esto significa. Esta situación se aceleró en el 2020, pero viene repitiéndose de manera cíclica desde hace décadas. En los últimos cuatro años el costo de la canasta básica para una “familia tipo” se ha multiplicado por 4,5, así como muchos alimentos básicos en diez años han aumentado el 1.200%. En el último año los alquileres subieron un 61,6%, y sólo entre enero y febrero un 9%.
Aun contando con las migajas del DNU, el 35,7% de los inquilinos hoy tiene una deuda de alquiler con los propietarios de, por lo menos, tres meses impagos. Esto significa que se hallan ante una situación de inminente desalojo. Las familias sostienen desde hace meses su nivel de vida a fuerza de deudas varias. Una primera ola de desalojos comenzó en Guernica, donde un 80% de las familias habían llegado allí porque no podían seguir pagando el alquiler y, posiblemente, le siga una segunda después del 31 de marzo.
Sumado a este ataque al salario, durante el año pasado se acrecentó la enorme masa de desempleados. Millones de personas viven en la pobreza, ni siquiera llegan a la canasta básica. Según cifras oficiales uno de cada tres argentinos es pobre (más de 14,3 millones de personas, cifra que asciende a prácticamente la mitad de la población si se toma en cuenta la franja de 0 a 14 años). El hambre es una consecuencia inevitable, que se suma al empeoramiento de la calidad de los alimentos y los problemas de nutrición.
La vivienda en el capitalismo no es más que una mercancía que hoy casi no podemos permitirnos alquilar con un sueldo básico. Ya era una mercancía imposible de comprar para cualquier proletario joven, ahora se convirtió en una mercancía de lujo que se dificulta incluso rentar. Un relevamiento mostró que en la ciudad de Buenos Aires en 2001 el 68% de las viviendas eran habitadas por sus dueños y sólo el 22% por inquilinos. Diez años después, las primeras bajaron al 56% y las segundas aumentaron al 30%. Cifras que seguramente continuarán profundizando dicha tendencia, con las consecuencias evidentes de que la vivienda sea cada vez más un mero negocio para su propietario y no un lugar para vivir. Casas destrozadas, departamentos de 20m2, lugares húmedos, sin ventilación y sin los servicios básicos, pensiones de hacinamiento… y así y todo, las exigencias de los propietarios mediadas por las inmobiliarias hacen parecer que queremos habitar un palacio.
Un socialdemócrata nacido a fines de 1800, Otto Bauer, señalaba: «Sólo los socialdemócratas podrían pacificar a los desempleados y evitar que los trabajadores caigan en la tentación de embarcarse en empresas revolucionarias». Hoy en Argentina es la socialdemocracia peronista la que intenta calmar las aguas con migajas como la renovación sucesiva del DNU. El congelamiento por un año del precio de los alquileres, mientras no suben los sueldos y se pierden cantidad de puestos de trabajo, es un acuerdo de clase con el cual algunos sectores de la burguesía se sintieron atacados. Tomaremos algunos extractos del libro El monstruo de la vivienda:
«El único interés que el Estado tiene en controlar los alquileres es en evitar que suban demasiado para que no ejerzan presión sobre los empresarios de aumentar los salarios. Los políticos a menudo utilizarán un control de alquileres que aplique sólo para una pequeña parte de las viviendas totales o le ponga límites muy débiles a los aumentos, todo esto para demostrar que algo están haciendo por “el pueblo trabajador”. (…)
Las medidas a favor de los inquilinos se aprueban para protegerse del movimiento de los inquilinos. El control de alquileres se aprueba para controlar a los arrendatarios del proletariado. Pero los movimientos de capital no sólo dependen de la legislación gubernamental. Los límites en el derecho de los dueños a desahuciar a sus inquilinos o a cometer abusos con la seña y los depósitos son avances reales, pero que no dañan al capital invertido en el alquiler de viviendas. Especialmente cuando el mercado está estable, el dueño no necesita desahuciar inquilinos continuamente, y siempre hay maneras de saltarse las leyes. El control efectivo de alquileres es distinto. Por definición, el control de alquileres tiene que limitar las ganancias de los dueños. Puesto que ser un arrendatario, como cualquier otro tipo de negocio, implica obtener una ganancia, el control de alquileres permite que alquilar casas sea un negocio menos competitivo. (…) Cuanto más dure el control de alquileres, mayor es el incentivo para que los dueños pongan su dinero en otro negocio. Un control de alquileres serio que pueda durar indefinidamente, necesariamente va a llevar a una desinversión en el negocio de la vivienda.
El control de alquileres es un precio máximo legal que se impone a una mercancía. Empuja los flujos de valor, mientras diferentes líneas de negocio compiten por la inversión. Habitualmente, una industria cuyos productos tienen mucha demanda puede subir sus precios y atraer más capital. Cuando existe un fuerte control de alquileres, la demanda real de casas supera la oferta pero los precios no pueden subir, por lo que o bien se elimina el control de alquileres o se forma un mercado negro, en el que las viviendas se alquilan por encima de sus niveles legales –lo que mina la efectividad del control de alquileres. Si se toman medidas enérgicas contra el mercado negro y los alquileres se mantienen estrictamente al nivel fijado, no sólo será el negocio de los dueños el que se volverá poco competitivo. Al abandonar el capital, el negocio del alquiler de vivienda, el mercado de casas disminuye. (…) Con el tiempo, esto causa escasez de vivienda. El Estado se enfrenta entonces a una decisión: acabar con el control de alquileres, enfrentarse a una crisis de vivienda o convertirse él mismo en arrendatario.»
En Argentina, nos encontramos hoy en una situación en la cual no hay mucho para repartir. El Estado no construirá viviendas sociales como décadas atrás, siquiera permite la ocupación de terrenos sin agua potable ni electricidad. La cuestión de la vivienda es sin duda una bomba pronta a estallar.
Cuando arremete la angustia porque “unos tienen tanto y otros tan poco”, debemos recordar que unos tienen tanto a condición de que otros tengan tan poco. La propiedad privada no es simplemente una relación de los humanos con las cosas, es una relación entre humanos que se tratan como cosas. Y aún en estas condiciones de atropello y sin razón causa burla, cuando no rechazo, proclamar la necesidad de la abolición de la propiedad privada. Un viejo manifiesto de 1848 decía: «Os horrorizáis que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; la misma existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad.»
Durante los últimos diez años el mercado inmobiliario ha crecido a nivel mundial, esto es importante si tenemos en cuenta que la crisis económica del 2008 estuvo precedida de un ciclo de auge y caída de los precios de la vivienda. Asimismo, desde el inicio del confinamiento generalizado, cuando todo atisbaba una crisis económica profunda, el mercado inmobiliario continuó su ciclo ascendente.
En Argentina, por el contrario, se ha retraído el mercado de compra y venta de inmuebles. Esto se debe, además de a los bajos salarios y a la inestabilidad de los precios, a la ausencia de créditos accesibles para la compra de viviendas. Por esto, se trata de un país donde una gran parte de la población debe alquilar. Lo que significa, por otro lado, una mayor cantidad de viviendas comercializadas como mera inversión de sus propietarios, como ahorro frente a la devaluación de la moneda local o como fuente de ganancia a través de la renta.
Es así también que las pujas entre propietarios e inquilinos han tomado una importancia preponderante en la región, y el Estado ha debido intervenir al respecto. Durante el 2020 se aprobó una nueva ley de alquileres, así como se fue extendiendo desde marzo de 2020 el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos mediante el llamado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
A comienzos de marzo de este año, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi anunció que no habría una nueva extensión de dicho decreto, pese a la evidente catástrofe social en la que estamos sobreviviendo. Esto implica que a partir del 1° de abril los inquilinos endeudados quedarán en la calle y habrá abundantes juicios de embargos.
Este DNU que prohíbe los desalojos del sector formal o con contrato, mantiene el precio del alquiler de marzo de 2020 y prorroga contratos de alquiler de manera automática. Pero cabe destacar que cada una de las renovaciones del DNU fue avisada por el gobierno a pocos días de finalizar la prórroga. Lo cual, ante la desesperación provocada por la incertidumbre y la presión de las inmobiliarias, obligó a miles de personas a buscar casas para alquilar cada vez más caras, no pudiendo hacer uso del decreto, en una situación de desocupación y precarización laboral crecientes y con salarios realmente congelados.
La falta de vivienda es otra gran problemática social de la región que se ha agravado en el 2020. La toma de tierras en Guernica (Buenos Aires), si bien fue emblemática no fue la única. Allí unas 2.500 familias (10.000 personas aproximadamente) se asentaron en terrenos destinados a un barrio privado y resistieron durante dos meses, hasta que fueron reprimidos ferozmente. Estas tomas de tierras en varias ciudades, así como las recuperaciones territoriales que viene realizando el proletariado mapuche en lucha en tierra patagónica, provocaron la reacción de la burguesía en defensa de la propiedad privada, tema que circuló en los medios durante algunas semanas.
En medio del debate sobre si debía o no extenderse el DNU, propietarios y empresarios salieron a combatir en defensa de la propiedad privada y en contra de nuestra supervivencia. Grandes diarios y canales del país hicieron su parte, ocultando o falseando información, confundiendo e infundiendo más miedo a los inquilinos. Mientras tanto, la Cámara de Propietarios y las inmobiliarias del país, de la mano de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto para que se derogue en su totalidad la ley 27.551 o “nueva ley de alquileres; la cual, más allá de los pocos beneficios que presenta para los inquilinos, en muchas ocasiones no es más que papel mojado ya que, como siempre, “la casa se reserva el derecho de admisión”.
Mientras el salario real disminuye notoriamente, con recortes en muchos sectores o aumentos completamente por debajo de la inflación, el peso argentino sigue devaluándose a un ritmo acelerado, con el impacto en los precios y en el costo de vida que esto significa. Esta situación se aceleró en el 2020, pero viene repitiéndose de manera cíclica desde hace décadas. En los últimos cuatro años el costo de la canasta básica para una “familia tipo” se ha multiplicado por 4,5, así como muchos alimentos básicos en diez años han aumentado el 1.200%. En el último año los alquileres subieron un 61,6%, y sólo entre enero y febrero un 9%.
Aun contando con las migajas del DNU, el 35,7% de los inquilinos hoy tiene una deuda de alquiler con los propietarios de, por lo menos, tres meses impagos. Esto significa que se hallan ante una situación de inminente desalojo. Las familias sostienen desde hace meses su nivel de vida a fuerza de deudas varias. Una primera ola de desalojos comenzó en Guernica, donde un 80% de las familias habían llegado allí porque no podían seguir pagando el alquiler y, posiblemente, le siga una segunda después del 31 de marzo.
Sumado a este ataque al salario, durante el año pasado se acrecentó la enorme masa de desempleados. Millones de personas viven en la pobreza, ni siquiera llegan a la canasta básica. Según cifras oficiales uno de cada tres argentinos es pobre (más de 14,3 millones de personas, cifra que asciende a prácticamente la mitad de la población si se toma en cuenta la franja de 0 a 14 años). El hambre es una consecuencia inevitable, que se suma al empeoramiento de la calidad de los alimentos y los problemas de nutrición.
La vivienda en el capitalismo no es más que una mercancía que hoy casi no podemos permitirnos alquilar con un sueldo básico. Ya era una mercancía imposible de comprar para cualquier proletario joven, ahora se convirtió en una mercancía de lujo que se dificulta incluso rentar. Un relevamiento mostró que en la ciudad de Buenos Aires en 2001 el 68% de las viviendas eran habitadas por sus dueños y sólo el 22% por inquilinos. Diez años después, las primeras bajaron al 56% y las segundas aumentaron al 30%. Cifras que seguramente continuarán profundizando dicha tendencia, con las consecuencias evidentes de que la vivienda sea cada vez más un mero negocio para su propietario y no un lugar para vivir. Casas destrozadas, departamentos de 20m2, lugares húmedos, sin ventilación y sin los servicios básicos, pensiones de hacinamiento… y así y todo, las exigencias de los propietarios mediadas por las inmobiliarias hacen parecer que queremos habitar un palacio.
Un socialdemócrata nacido a fines de 1800, Otto Bauer, señalaba: «Sólo los socialdemócratas podrían pacificar a los desempleados y evitar que los trabajadores caigan en la tentación de embarcarse en empresas revolucionarias». Hoy en Argentina es la socialdemocracia peronista la que intenta calmar las aguas con migajas como la renovación sucesiva del DNU. El congelamiento por un año del precio de los alquileres, mientras no suben los sueldos y se pierden cantidad de puestos de trabajo, es un acuerdo de clase con el cual algunos sectores de la burguesía se sintieron atacados. Tomaremos algunos extractos del libro El monstruo de la vivienda:
«El único interés que el Estado tiene en controlar los alquileres es en evitar que suban demasiado para que no ejerzan presión sobre los empresarios de aumentar los salarios. Los políticos a menudo utilizarán un control de alquileres que aplique sólo para una pequeña parte de las viviendas totales o le ponga límites muy débiles a los aumentos, todo esto para demostrar que algo están haciendo por “el pueblo trabajador”. (…)
Las medidas a favor de los inquilinos se aprueban para protegerse del movimiento de los inquilinos. El control de alquileres se aprueba para controlar a los arrendatarios del proletariado. Pero los movimientos de capital no sólo dependen de la legislación gubernamental. Los límites en el derecho de los dueños a desahuciar a sus inquilinos o a cometer abusos con la seña y los depósitos son avances reales, pero que no dañan al capital invertido en el alquiler de viviendas. Especialmente cuando el mercado está estable, el dueño no necesita desahuciar inquilinos continuamente, y siempre hay maneras de saltarse las leyes. El control efectivo de alquileres es distinto. Por definición, el control de alquileres tiene que limitar las ganancias de los dueños. Puesto que ser un arrendatario, como cualquier otro tipo de negocio, implica obtener una ganancia, el control de alquileres permite que alquilar casas sea un negocio menos competitivo. (…) Cuanto más dure el control de alquileres, mayor es el incentivo para que los dueños pongan su dinero en otro negocio. Un control de alquileres serio que pueda durar indefinidamente, necesariamente va a llevar a una desinversión en el negocio de la vivienda.
El control de alquileres es un precio máximo legal que se impone a una mercancía. Empuja los flujos de valor, mientras diferentes líneas de negocio compiten por la inversión. Habitualmente, una industria cuyos productos tienen mucha demanda puede subir sus precios y atraer más capital. Cuando existe un fuerte control de alquileres, la demanda real de casas supera la oferta pero los precios no pueden subir, por lo que o bien se elimina el control de alquileres o se forma un mercado negro, en el que las viviendas se alquilan por encima de sus niveles legales –lo que mina la efectividad del control de alquileres. Si se toman medidas enérgicas contra el mercado negro y los alquileres se mantienen estrictamente al nivel fijado, no sólo será el negocio de los dueños el que se volverá poco competitivo. Al abandonar el capital, el negocio del alquiler de vivienda, el mercado de casas disminuye. (…) Con el tiempo, esto causa escasez de vivienda. El Estado se enfrenta entonces a una decisión: acabar con el control de alquileres, enfrentarse a una crisis de vivienda o convertirse él mismo en arrendatario.»
En Argentina, nos encontramos hoy en una situación en la cual no hay mucho para repartir. El Estado no construirá viviendas sociales como décadas atrás, siquiera permite la ocupación de terrenos sin agua potable ni electricidad. La cuestión de la vivienda es sin duda una bomba pronta a estallar.
Cuando arremete la angustia porque “unos tienen tanto y otros tan poco”, debemos recordar que unos tienen tanto a condición de que otros tengan tan poco. La propiedad privada no es simplemente una relación de los humanos con las cosas, es una relación entre humanos que se tratan como cosas. Y aún en estas condiciones de atropello y sin razón causa burla, cuando no rechazo, proclamar la necesidad de la abolición de la propiedad privada. Un viejo manifiesto de 1848 decía: «Os horrorizáis que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; la misma existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad.»
Para ampliar recomendamos:
• La propiedad, Boletín La Oveja Negra nro. 73, septiembre 2020.
• La propiedad es el robo, Boletín La Oveja Negra nro. 36, febrero 2016.
• Memoria: ¡No pagaremos el alquiler!, Boletín La Oveja Negra nro. 38, abril 2016.
• Argentina: crisis y coronavirus. Respuesta a encuesta internacional realizada por el colectivo Angry Workers of the World, enero 2021.
• El monstruo de la vivienda, Prole.info. Lazo Ediciones, 2014.