Desde el inicio de la crisis europea en el 2008 el Estado español, siguiendo las directrices de la Unión Europea, ha impuesto una serie de medidas de austeridad. La creciente tasa de desempleo, crisis en el mercado inmobiliario, inflación, etc., han generado una respuesta masiva por parte de la población más afectada, que se visibilizó sobre todo en el llamado “15M” con ocupación de calles y plazas, bajo la consigna «no nos representan».
Frente a esto actuaron las viejas y conocidas armas de la burguesía para intentar reconducir y detener la rabia social. Por un lado, la canalización democrática ciudadanista transformó aquella consigna en «no nos representan éstos», sobre todo a partir de Podemos, la alternativa parlamentarista por excelencia que ya cuenta con bancas en el parlamento europeo. Por otro lado, el Estado no dudó en reforzar el monopolio represivo, ampliando el campo legislativo para sancionar administrativamente a quienes participen u organicen todo tipo de actividades como protestas y manifestaciones. Está preparando el terreno para lo que acompañará a la crisis estructural, que va a profundizarse en los próximos años y que las medidas de austeridad no detendrán en lo más mínimo.
El Partido Popular pretende promulgar de hecho la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”. Esta ley, entre otras cosas, sancionará con multas de 30.000 a 600.000 euros la asistencia a reuniones o manifestaciones no anunciadas y/o ilegales; de 600 a 30.000 euros por difundir imágenes de la policía o por obstaculizar o intentar impedir un desahucio; o entre 100 y 600 euros por realizar una asamblea en un espacio público. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la promulgación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana está prevista para febrero de 2015. Básicamente, la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
El Estado busca así complementar la represión física policial más visible por una no menos eficaz y desalentadora represión económica.
En este contexto, el pasado 16 de diciembre en el marco de la llamada Operación Pandora, fueron detenidos 11 anarquistas en Madrid y Barcelona. Esta operación represiva fue decretada por la Audiencia Nacional española (anteriormente conocida como Tribunal de Orden Público franquista). El inmenso despliegue policial, en el que trabajaron conjuntamente más de 700 agentes de Mossos d’Esquadra (policía catalana) y Guardia Civil, atacó una de las más viejas y representativas casas ocupadas de Barcelona, dos ateneos libertarios y los domicilios privados de las detenidas.
La operación se dio en el marco de una investigación sobre una presunta organización terrorista anarquista que, amparándose en el secreto de sumario y sin ningún sustento de evidencias ni acusaciones sobre hechos concretos, inculpa a los detenidos de formar parte de la misma y de realizar estragos y atentados con explosivos, además de la elaboración de materiales de agitación anarquista.
El 18 de diciembre, tras ser trasladados todos los detenidos a la Audiencia Nacional (institución especialista en terrorismo) en Madrid, se ha decidido sobre el curso de estas detenciones, aunque todos se negaron a declarar. Así, cuatro compañeros han salido a la calle teniendo que asistir semanalmente al juzgado y fijar domicilio; mientras que los restantes siete han quedado en prisión preventiva.
En relación a la operación, el gobierno español ha declarado y remarcado que ésta se dirige a los “anarquistas violentos” con la clara intención de presentar una división en torno al uso de la violencia al interior del movimiento anarquista.
Tampoco es casual que el día previo a la operación se reunieran los ministros del interior de Chile y España para coordinar un accionar conjunto contra el terrorismo y la delincuencia. Meses antes se había concretado un encuentro entre el ministro del interior español Jorge Fernández Días y la presidente chilena Michelle Bachelet, en el cual se acordó la firma de un convenio de colaboración policial, enfatizando la cooperación entre ambas policías en la lucha contra el terrorismo, y contemplando también programas de formación para la policía chilena bajo el mando de la guardia civil y la policía nacional española.
Estos hechos evidencian una vez más que en cualquier parte del mundo los Estados intentan presentar terroristas dentro y fuera de los territorios nacionales, no sólo para poder justificar guerras interburguesas sino también para ocultar que nuestro verdadero enemigo es el Capital y el Estado. Es por esto que nos solidarizamos con los compañeros del territorio español, y junto a ellos gritamos: ¡¡¡Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella!!!
Frente a esto actuaron las viejas y conocidas armas de la burguesía para intentar reconducir y detener la rabia social. Por un lado, la canalización democrática ciudadanista transformó aquella consigna en «no nos representan éstos», sobre todo a partir de Podemos, la alternativa parlamentarista por excelencia que ya cuenta con bancas en el parlamento europeo. Por otro lado, el Estado no dudó en reforzar el monopolio represivo, ampliando el campo legislativo para sancionar administrativamente a quienes participen u organicen todo tipo de actividades como protestas y manifestaciones. Está preparando el terreno para lo que acompañará a la crisis estructural, que va a profundizarse en los próximos años y que las medidas de austeridad no detendrán en lo más mínimo.
El Partido Popular pretende promulgar de hecho la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”. Esta ley, entre otras cosas, sancionará con multas de 30.000 a 600.000 euros la asistencia a reuniones o manifestaciones no anunciadas y/o ilegales; de 600 a 30.000 euros por difundir imágenes de la policía o por obstaculizar o intentar impedir un desahucio; o entre 100 y 600 euros por realizar una asamblea en un espacio público. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la promulgación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana está prevista para febrero de 2015. Básicamente, la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
El Estado busca así complementar la represión física policial más visible por una no menos eficaz y desalentadora represión económica.
En este contexto, el pasado 16 de diciembre en el marco de la llamada Operación Pandora, fueron detenidos 11 anarquistas en Madrid y Barcelona. Esta operación represiva fue decretada por la Audiencia Nacional española (anteriormente conocida como Tribunal de Orden Público franquista). El inmenso despliegue policial, en el que trabajaron conjuntamente más de 700 agentes de Mossos d’Esquadra (policía catalana) y Guardia Civil, atacó una de las más viejas y representativas casas ocupadas de Barcelona, dos ateneos libertarios y los domicilios privados de las detenidas.
La operación se dio en el marco de una investigación sobre una presunta organización terrorista anarquista que, amparándose en el secreto de sumario y sin ningún sustento de evidencias ni acusaciones sobre hechos concretos, inculpa a los detenidos de formar parte de la misma y de realizar estragos y atentados con explosivos, además de la elaboración de materiales de agitación anarquista.
El 18 de diciembre, tras ser trasladados todos los detenidos a la Audiencia Nacional (institución especialista en terrorismo) en Madrid, se ha decidido sobre el curso de estas detenciones, aunque todos se negaron a declarar. Así, cuatro compañeros han salido a la calle teniendo que asistir semanalmente al juzgado y fijar domicilio; mientras que los restantes siete han quedado en prisión preventiva.
En relación a la operación, el gobierno español ha declarado y remarcado que ésta se dirige a los “anarquistas violentos” con la clara intención de presentar una división en torno al uso de la violencia al interior del movimiento anarquista.
Tampoco es casual que el día previo a la operación se reunieran los ministros del interior de Chile y España para coordinar un accionar conjunto contra el terrorismo y la delincuencia. Meses antes se había concretado un encuentro entre el ministro del interior español Jorge Fernández Días y la presidente chilena Michelle Bachelet, en el cual se acordó la firma de un convenio de colaboración policial, enfatizando la cooperación entre ambas policías en la lucha contra el terrorismo, y contemplando también programas de formación para la policía chilena bajo el mando de la guardia civil y la policía nacional española.
Estos hechos evidencian una vez más que en cualquier parte del mundo los Estados intentan presentar terroristas dentro y fuera de los territorios nacionales, no sólo para poder justificar guerras interburguesas sino también para ocultar que nuestro verdadero enemigo es el Capital y el Estado. Es por esto que nos solidarizamos con los compañeros del territorio español, y junto a ellos gritamos: ¡¡¡Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario