viernes, 7 de octubre de 2022

LIBERTAD A LAS PRESAS MAPUCHE. TERRORISTA ES EL ESTADO

El 4 de octubre por la mañana el Estado argentino desalojó la lof Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche. El operativo involucró más de 200 efectivos del “comando unificado de seguridad zona Villa Mascardi” creado recientemente por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Dos días antes “vecinos de Bariloche” realizaron una caravana bajo el lema “basta de terrorismo en la Patagonia”. Había consignas como “Roca volvé, terminá lo que empezaste”. A la cabeza iba la presidenta del PRO y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien el 1° de agosto del año pasado fue hasta donde secuestraron y asesinaron a Santiago Maldonado para festejar su victoria.

Si se quiere seguir el lenguaje presidencial se puede decir que hay discursos de odio. Pero acá lo importante son las acciones, las acciones perpetradas por el Estado argentino, donde los discursos solo vienen a justificar lo ya sucedido o planificado.

Esta vez no hubo asesinados como cuando los disparos de las fuerzas del orden dieron muerte a Rafael Nahuel de la lof Lafken Winkul Mapu o Elías Garay de la lof Quemquemtrew. Esta vez la demostración de fuerzas fue la represión, desalojo y el posterior traslado de mujeres y niños hasta Buenos Aires.

El traslado de las mujeres mapuche detenidas hasta Ezeiza fue bajo el argumento que en Bariloche y cercanías no hay dónde alojar a presas amamantando. La situación es muy dolorosa e indignante. Trascendió que una lamgen fue trasladada sola a un hospital en  trabajo de parto y dio a luz en el cautiverio. Por su parte, niños y niñas mapuche fueron obligados a estar solos durante más de 12 hs. dentro del territorio, resguardándose de las fuerzas policiales que los quería detener también montaña adentro.

Hay quienes dicen que estamos en el siglo XIX o en la dictadura de los 70. ¿Y se preguntan que viene después? Después vienen, juicios y elecciones, cárcel y alguna renuncia de algún que otro funcionario estatal. Porque estamos en democracia. Y esto es también la democracia.

El gobierno nacional no está siguiendo la agenda de Patricia Bullrich, es una política de Estado.

Esto no es como “en la época de Roca”, acá reprime un gobierno elegido libremente, con la ley en la mano, en defensa de la propiedad privada de la burguesía nacional y extranjera.

Los mapuche y otras comunidades que habitaron lo que bajo sangre y fuego hoy se llama Argentina fueron exterminados para el desarrollo de la sociedad capitalista. Hoy no son perseguidos por SER mapuche, son perseguidos por HACER. Hay cientos de miembros de otras comunidades que no son perseguidos. Lo que se intenta reprimir, encarcelar y asesinar es el desprecio por la propiedad privada y el Estado, la firme oposición contra lo que nos arruina la vida.

Si compartimos estas reflexiones es porque pensamos posible acabar con todo esto. Para que, de cara al futuro, no haya injusticias que señalar ni Estado asesino al cual implorar clemencia.

Boletín La Oveja Negra
07/10/2022

miércoles, 14 de septiembre de 2022

EL ODIO Y LA FANTASÍA

DESCARGAR EN PDF
Luego del intento de atentado a la vicepresidenta de la nación por parte de un supuesto neonazi quedan claras algunas cuestiones sobre cómo puede interpretarse la realidad.

Para los fanáticos demócratas, impugnando su propio discurso, ya no se trata de ese cuento del “gobierno del pueblo”. “La democracia” reside personificada en los altos cargos de gobierno. Queda claro cuando, ante el asesinato de cualquier miembro de ese hipotético pueblo no “peligra la democracia”, ni hay tanta toma de posiciones públicas. Pero sí cuando hay intento de dar muerte a uno de sus altos dirigentes, si es que suponemos que se trató de un intento de homicidio.

Del mismo modo, uno y otros fanáticos pueden creer que matando a un alto funcionario cambiaría el rumbo del país. Como si no se tratase de las relaciones sociales en un modo de producción específico, el capitalista, claro.

La violencia fallida de un personaje suelto (o casi suelto) asusta más que el funcionamiento del monopolio estatal de la violencia. Raro.

Esa igualdad democrática que todo lo iguala, solo en el discurso, supone que el aparato represivo del Estado es comparable a un fanático de derecha sin plan ni aparato. A menos que se piense que hay una “conspiración del odio” y otros cuentos conspiracionistas. Cuentos similares a que el odio siempre está en los demás y no entre los propios. Ante semejante testarudez es inútil buscar en el archivo incitaciones de odio a uno y a otro lado de la grieta electoral.

Y dado que el odio es el otro, ya van pensando en leyes para condenar “los discursos de odio”. Evidentemente será el Estado quien designe qué es odio y qué no. Así, podrá ser considerado culpable tanto un periodista destacado de los monopolios de los medios de comunicación, como un candidato de la oposición o un grupo de proletarios que proteste contra esta vida insoportable y por tanto alimente el odio de clase… Adivinen: ¿quién irá preso?

Parecieran querer decirnos que vivimos en una sociedad de iguales, sin clases sociales. Parte del “pueblo” se ve representada por una millonaria que vive en Recoleta. De eso se trata la democracia: de considerar formalmente iguales a una población socialmente desigual. El cuco del neonazismo asusta más que las muertes evitables a diario por el trabajo, por hambre, por violencia de género, por enfermedades evitables, por violencia institucional.

Desde Correpi a Biondini están de acuerdo en que hay que condenar este acto y “salvar la democracia”. Para los fanáticos demócratas es más preocupante el discurso de odio que la realidad de ajuste y recortes. El desprecio por la realidad es tal que los fans de la vicepresidenta cantan «vamos a volver», mientras la funcionaria se despega del gobierno del cual forma parte. Están convencidos de que el “poder real” no está entre ellos sino en la vereda de enfrente.

Una semana antes el gobierno realizó recortes en Salud, Educación, Obras Públicas, Transporte y Producción mientras toda la atención mediática se enfocaba en las protestas en contra y a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Se desactivaron paros y protestas, y hasta dijeron que las calles no eran seguras dadas las condiciones. Excepto para bancar al gobierno.

En el marco del “feriado de reflexión” que decretó el presidente hay quienes en la calle y en las plazas han relacionado el ajuste con la derecha: «Al ajuste y a la derecha se los enfrenta en la calle». La fantasía y el desprecio por la realidad está llegando a niveles irrisorios.

El llamado reiterativo a “movilizarse por la democracia” de cara a las próximas elecciones, es darle un aire nuevo y renovado a un puñado de candidatos que vienen bajando en popularidad. El oportunismo de una izquierda sin épica ni proyecto alimenta nada más ni nada menos que el crecimiento de un sector del gobierno. Grabois y su CTEP, así como el Frente Patria Grande, suspendieron su salida del Frente de Todos argumentando «el cambio cualitativo en la situación política nacional» tras el intento de asesinato de la vicepresidenta. La política representativa es lo único que mueve la aguja para los candidatos. Es cierto que ha cambiado la “política nacional” pero también lo otro: la situación social solo empeora.

Unir fuerza frente al cuco del fascismo ya sabemos a quién beneficia por más buenas intenciones que se tengan: a un sector burgués que por su parte seguirá explotando y asesinando, pero sin “discursos de odio”.

La democracia es la dictadura del Capital, por más libertades e igualdades formales que tengamos no somos iguales. Esta es una sociedad con explotados y explotadores, dirigentes y dirigidos. Defender a nuestros verdugos no puede ser el camino para construir un mundo mejor. El verdadero campo de batalla no está en la esfera de la representación política, sino en la esfera de la producción y reproducción, en las relaciones de propiedad. Esto es una lucha de clases, no una lucha política de “buenos” y “malos”. En la primera no se puede elegir el bando, son las condiciones materiales de existencia. En la segunda, sí se nos permite elegir. Nuestro tiempo busca esconder las imposiciones de clase tras la libertad de elección.

El ataque no puede comprenderse como parte de una “campaña de odio dirigida a los sectores populares organizados”. No se trata de una expresión del avance del fascismo. ¡Mucho menos de un inicio de golpismo de la ultraderecha! La burguesía argentina está empecinada en conservar el orden democrático burgués. Hasta el momento el atacante no parece ser más que un elemento más bien marginal e irrelevante. No hay conspiración ni intento de golpe de Estado.

El atentado ha sido no un intento, sino un certero golpe para la clase proletaria en Argentina, empleada o desempleada. Ante el empeoramiento de las condiciones de vida en el país, y en medio de cortes, paros y una rabia creciente nos llaman a empantanarnos en el terreno político, a agruparnos para defender el gobierno que ajusta y reprime. Porque, recordemos: por más que intenten evadir la realidad, están defendiendo a la vicepresidenta del gobierno de la Nación. Mientras continuemos despreciando la realidad por discursos políticos, esta tragicomedia seguirá repitiéndose una y otra vez.

LA VÍA CHILENA DEL PROGRESISMO

El 4 de septiembre se llevó adelante en Chile un referéndum con la propuesta de reformar la Constitución Política de la República redactada por una Convención Constitucional. Para poner fin al “legado de Pinochet” según decían. Con más de 13 millones de votantes, marcó el hito de ser el proceso electoral con mayor participación en la historia de Chile. La propuesta fue finalmente rechazada por más del 60% de los votos válidamente emitidos.

Queremos compartir algunas reflexiones realizadas a un lado y al otro de la Cordillera.

El nuevo gobierno, por más progresista que sea, no puede dar respuesta a los reclamos de la revuelta de hace tres años. No puede porque es la administración del Capital.

Existen muchas maneras de reprimir una revuelta. La burguesía no recurre a la represión física por el gusto de la sangre sino porque se ve acorralada. Existe otra represión que es la institucional, la integración democrática. La finalidad es mantener la normalidad, al costo que sea.

Tanto el nuevo gobierno de Boric y compañía, así como este intento constituyente, son la consumación de la derrota, al menos temporal, de la revuelta iniciada en octubre de 2019. Allí se tenía como objetivo inmediato la destitución del gobierno de Piñera, lo que devino en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y procesos electorales de largo plazo: plebiscito, elección de constituyentes, elecciones presidenciales, “plebiscito de salida”. Al calor de la revuelta se pusieron sobre la mesa una serie de problemáticas sociales en torno a la salud, educación, pensiones, algunas de las cuales se expresaban muy concretamente, como el fin de los créditos universitarios y la condonación de las deudas existentes, o la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones. Las cuestiones represivas también tomaron importancia, dada la brutal actuación de las fuerzas chilenas y los miles de presos de la revuelta.

Nada de esto fue abordado realmente por el gobierno, sumado al ajuste económico, la inflación y al deterioro general de las condiciones de vida producto de la recesión de los últimos años.

Asistimos en Chile a una particular reproducción en tiempo récord de los procesos de institucionalización de la lucha a los que hemos asistido en diferentes países de Latinoamérica tras los estallidos de revuelta de las últimas décadas. Los administradores del Capital en Chile parecían haber aprendido de sus vecinos al proponer rápidamente salidas electorales y un plan de reformas. Pero parecen no haber tomado nota de los principales problemas del progresismo que, tras agotar sus tímidas políticas distributivas basadas en la previa destrucción del salario y un contexto favorable para recaudar a partir de la continuidad y profundización del esquema productivo anterior, buscó sostenerse en las políticas de “ampliación de derechos” orientadas en gran medida al reconocimiento identitario (de sectores minoritarios en muchos casos), dejando de lado los problemas sociales mayoritarios. Esto ha tenido como resultado derrotas electorales, la alternancia en el gobierno con sectores de oposición con una mayor impronta de ajuste, posibilitando a fin de cuentas el ajuste por parte de ambos gobiernos y de la burguesía en su conjunto, manteniendo por el momento la paz social y la institucionalidad. De este modo, el progresismo posmoderno va perdiendo fuerza en la agenda política, al menos en Argentina. Venimos insistiendo hace rato con que parece que ya no hay mucho por repartir más que discursos e ideología, lo cual va encontrando sus límites.

En Chile, al menos por ahora, el nuevo gobierno progresista no ha tomado medidas concretas para mejorar la situación social y económica del proletariado, y el proceso constituyente se caracterizó por una fuerte impronta discursiva, que se plasmó en el texto del proyecto constitucional, la cual resultó ajena para gran parte de la población. Ciertos debates que se ocupan en las universidades llegan a los parlamentos y se intenta bajarlos al resto de la población: los derechos de la naturaleza en vez de el acceso al agua, las identidades en vez de la posibilidad de trabajo o subsistencia. Se difundió ampliamente que se trataba de una constitución ecologista, plurinacional y feminista, un “modelo” para muchos analistas internacionales, pero no gustó a los votantes. A su vez, el rechazo significa también un rechazo a la breve gestión del gobierno y al proceso constituyente iniciado tras el acuerdo de paz.

Este escenario puede propiciar lo que ya hemos visto localmente: un reforzamiento de los sectores opositores y un corrimiento en bloque de todo el arco político hacia las políticas de ajuste y control social. En este álgido devenir, quizás la institucionalización de la lucha no haya echado las raíces suficientes para sostener el desborde social. Algo de ello pareció observarse al día siguiente del plebiscito, con nuevas protestas de estudiantes.

Un modo de producción no puede ser abolido por decreto ni a fuerza de leyes. La carta magna que sea no va a exceptuar a nadie de la ardua tarea de abolir el capitalismo. Ni a corto, mediano o largo plazo, ni en sentido táctico o estratégico, ni material ni simbólicamente, representa ninguna mejoría o ventaja, ni siquiera en lo tocante a las condiciones de vida inmediatas o a las capacidades de lucha elementales del proletariado.

Aunque en su raíz latina el vocablo plebiscito designa la decisión soberana de la plebe, su uso moderno se refiere a algo muy distinto. En nuestros días un plebiscito, al igual que todos los actos eleccionarios de las democracias modernas, no pasa de ser un simple interrogatorio: un acto unilateral en que los gobernantes le exigen a la masa gobernada que se pronuncie sobre un tema planteado por ellos.

En algunos casos, la resistencia de los gobernados a responder interrogatorios (Chile alcanzó hace algunos años el 58% de abstención electoral, la más alta del mundo) es síntoma de una indisciplina más profunda, que puede llegar a convertirse en rebelión abierta como ocurrió en 2019. Eso y no otra cosa es un plebiscito: un acto que representa ficcionalmente la soberanía de la plebe, pero que en realidad exhibe ante la vista de todos la soberanía sin rival de los gobernantes, capaces de reducir la cuestión social a un “sí” o un “no” inofensivo frente a la dominación, mientras restringen casi por completo la libertad de decir “no” al propio plebiscito.

El plebiscito, dado que es un interrogatorio, no tiene otra función que reafirmar la superioridad de quienes hacen las preguntas. Y quienes hacen las preguntas no son ni más ni menos que quienes mantienen encerrados a los presos de la revuelta, los que condenan a los mapuche en lucha por el robo de madera luego de despojarlos de territorio. Son el Estado, quienes arrancaron ojos y manos en las protestas, quienes matan y sostienen la ordenada cotidianidad de la explotación.

EL MUNDIAL SE HARÁ EN QATAR

Sí, lo sabemos desde hace varios años, pero sigue pareciendo raro que el mundial se haga en Qatar. Un país un poco más chico que el conurbano bonaerense y, si no tenemos en cuenta lo que era Uruguay en 1930, el de menor población en organizar una copa del mundo. Un país en el que la tradicional realización en junio-julio tendrá que postergarse hacia el final del año para mitigar un poco los efectos del abrasador calor arábico. Un país que, a pesar de afirmar que el fútbol es su deporte nacional, no ha tenido prácticamente ningún éxito en él y, cuando así ha sido, esas victorias estuvieron teñidas de controversias y sospechas de corrupción.

Aparentemente la única actividad en la que Qatar se destaca verdaderamente, además de la producción y distribución de gas natural, es la realización de eventos. En los últimos años fue la sede del Mundial sub-20 de 1995, de los Juegos Asiáticos de 2006, de los mundiales de clubes de 2019 y 2020, torneos de primer nivel de tenis masculino y femenino, la fórmula 1, y muchos más. La única actividad deportiva que sería razonable que sucediera en Qatar sería el Rally Dakar,(1) en la que desde hace muchos años uno de los corredores más exitosos es el qatarí Nasser Al-Attiyah. Pero claro, luego de los nefastos 10 años de realización en suelo sudamericano, el Dakar se corre desde 2020 en Arabia Saudita, quien es desde hace una década, pero más particularmente desde 2017, uno de los varios Estados árabes que cortaron vínculos diplomáticos y que libra una silenciosa guerra con Qatar.

En los últimos años se ha popularizado el término sporstwashing: la práctica que realizan principalmente Estados, aunque también empresas e instituciones, en la que se asocian económicamente a entidades deportivas, organizando eventos, invirtiendo en publicidad, o directamente comprando y gestionando estas entidades. Todo esto con el simple propósito de lavar su imagen de Estados dictatoriales, con un historial de políticas represivas y de falta de adecuación a los estándares en derechos civiles de las potencias occidentales. Junto a Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Azerbaiyán, Qatar es una de las naciones que más ha refinado esta práctica, y en la actualidad es sponsor de equipos de fútbol como el Barcelona, la Roma, el Bayern Múnich, Boca Juniors, y dueño a través de una corporación privada del Paris Saint Germain.

La lista de controversias y corruptelas asociadas a los mundiales de fútbol y a otros megaeventos deportivos es muy extensa. Podríamos detenernos en algunas irregularidades menores ligadas a esta copa del mundo: la incertidumbre de trabajadores respecto a la calidad de sus alojamientos en hoteles improvisados en containers, la preocupación de los periodistas respecto a la saturación de las líneas de fibra óptica, o a la gran posibilidad de que colapse la infraestructura de transporte. El consumo del alcohol se verá restringido para los turistas de lujo que asistan al mundial, dado que en el país rige la sharía.

Por este mismo motivo, y en otro orden de cuestiones, están prohibidas las manifestaciones afectivas por parte de miembros del colectivo LGBTQ+ así como la utilización de simbologías representativas. Si bien el régimen islámico de Qatar es más flexible de cara al turismo y quienes asistan al mundial, no deja de ser altamente represivo hacia las disidencias sexuales y las mujeres. De hecho, voceros del emirato han insistido con la cuestión a modo de advertencia. Después de todo, el sportswashing coexiste con la imposición de las normas locales a sus visitantes de occidente, en un contexto donde las “batallas culturales” están cada vez más presentes en las disputas comerciales y los conflictos bélicos que estas puedan requerir. Un caso ejemplar es el de Paola Schietekat, una mujer mexicana de 28 años que trabajaba en la entidad organizadora del mundial, quien luego de sufrir y denunciar una violación en suelo qatarí en junio de 2021, fue acusada de haber mantenido una “relación extramatrimonial”, pasando inmediatamente de víctima a acusada. Logró salir del país a la brevedad gracias a la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Fue condenada a 100 latigazos y 7 años en prisión, pena de la que fue absuelta, intervención diplomática mediante.

El progresismo occidental, tan acostumbrado a condenar los excesos y lo “atrasado”, hace la vista gorda cuando están en juego las pasiones populares y sus negocios derivados. Con distintos órdenes de gravedad, no hay que dejar de remarcar que las cuestiones mencionadas afectan principalmente a los hinchas que viajan voluntariamente y a un reducido sector de trabajadores que participan oficialmente del evento. Luego tenemos todo aquello que la burguesía se permite al margen de las leyes de Dios y los Estados.

Si recordamos infames mundiales como el del ‘78 en Argentina, realizado mientras se torturaba, asesinaba y desaparecía personas en campos de concentración, el de este año en Qatar está entre los campeones de la infamia: se ha denunciado la muerte de más de 10.000 trabajadores de la construcción, provenientes en general de países como India, Pakistán, Bangladesh, y otros del sudeste asiático. La cifra es incierta, ya que desde la denuncia de Amnistía Internacional y del periódico The Guardian en febrero de 2021 (que confirmaban, según investigaciones hechas en torno a las embajadas de los países de origen de los trabajadores, 6500 muertes), Qatar y la FIFA se encargaron de encubrir estos hechos y de dar absurdas declaraciones, como que no todas las muertes son atribuibles a la construcción de infraestructuras para el mundial. Si tenemos en cuenta el atraso que llevaban las obras y la necesidad para los organizadores de aumentar el ritmo, en los 17 meses que pasaron desde aquella denuncia esta trágica cifra habrá aumentado considerablemente. No obstante, a pesar de estar cada vez más cerca de la realización del evento, no se han realizado nuevas investigaciones.

Esta situación no es excepcional, sino que forma parte de una práctica ampliamente extendida en todo el golfo arábico, conocida como sistema kafala: una siniestra forma de superexplotación en la cual a los trabajadores migrantes se les paga un salario de subsistencia, que finalmente no les permite enviar dinero a sus lugares de origen, y donde al mismo tiempo se les retienen sus pasaportes y papeles. En Qatar este sistema toma una escala demencial, ya que de los 2,6 millones de habitantes solo el 20% es ciudadano, o sea qatarí; el resto son trabajadores migrantes.

Este sistema kafala o “de patrocinio” es considerado de semiesclavitud por sus condiciones, aunque desarrolla el Capital. Dicho sistema requiere que los trabajadores no calificados tengan un patrocinador (de allí su nombre), generalmente su empleador, quien es responsable de su visa y estado legal. Esto requiere el permiso del empleador para cambiar de trabajo, dejar el país, obtener una licencia de conducir, alquilar una vivienda o abrir una cuenta bancaria. Por otro lado, la explotación sexual es moneda corriente en cada uno de estos megaeventos. En este caso, las redes de trata harán llegar a una gran cantidad de mujeres pobres del sudeste asiático.

Pese a todo esto, el mundial seguirá siendo un evento observado y ansiado por miles de millones. Seguirá alimentando la competencia, la idolatría de los millonarios y el nacionalismo. Justamente en estas últimas semanas observamos el fervor en grandes y chicos por las figuritas del mundial. No sorprende, aunque entristece, ver cómo en esta región donde la vinculación entre deporte y genocidio alcanzó uno de sus hitos históricos en el ‘78 y donde parecería que ese hecho sigue siendo parte de nuestra memoria colectiva, hacemos oídos sordos a los genocidios “distantes”.

Sin embargo, podemos adelantarnos a decir que no es que el deporte sea utilizado en beneficio de los poderosos, este es el espíritu mismo del deporte. Lo hemos señalado con relación al anterior mundial en Brasil, a partir de las protestas masivas que se daban en aquella región.(2) No es la profesionalización del deporte el problema, como si se tratase de la perversión económica y la utilización política de una práctica “sana”, sino que se trata del deporte mismo en tanto sometimiento y trastocamiento del juego, de ciertas prácticas lúdicas, a las necesidades y la propia lógica de valorización del Capital.

El deporte es un fiel reflejo de la competencia capitalista y ha tomado progresivamente un importante papel en la misma. Por eso consideramos que su crítica no es una cuestión menor o marginal.

«El deporte no solo es una válvula de escape y un mecanismo de control social sino también una ideología de la competición, de la selección biogenética, del éxito social y de la participación virtual. Lejos de limitarse a reproducir en formato espectáculo las principales características de la organización industrial moderna (reglamentación, especialización, competitividad y maximización del rendimiento), cumple además una misión ideológica de trascendencia universal: encauzar y contener las tensiones sociales engendradas por la modernidad capitalista.» (Federico Corriente y Jorge Montero, Citius, altius, ortius. El libro negro del deporte. Lazo Ediciones, 2013) 

Notas:
(1) Ver Dakar, nocividad y progreso, La Oveja Negra nro. 11 (diciembre de 2013)
(2) Ver Não vai ter copa!, La Oveja Negra nro. 17 (junio 2014)

lunes, 18 de julio de 2022

CONTRA EL LIBERALISMO Y SUS FALSOS CRÍTICOS

DESCARGAR EN PDF
Genera revuelo e incomodidad, cuando no bronca y asco, la presencia de lo que podríamos denominar apresuradamente “derecha liberal” en Argentina. Nos referimos a Milei y los partidarios de “La libertad avanza”, a los youtubers reaccionarios que mezclan economía con burlas antifeministas. De manera bastante peculiar, las premisas liberales se combinan con críticas reaccionarias sobre debates actuales, como por ejemplo la cuestión del aborto. Así, ciertos defensores de un liberalismo extremo se han ido vinculando directa o indirectamente con otros sectores que versan más expresamente sobre cuestiones como el nacionalismo, la familia, la “ideología de género”, el “marxismo cultural”, todo con una buena dosis de conspiracionismo.

Los voceros de este fenómeno polemizan sobre cuestiones económicas presentándose como “expertos”, repitiendo sin cesar sus preconceptos morales, políticos y culturales, sin los cuales sus teorías económicas pierden sentido. Defienden nociones respecto del individuo, la propiedad privada y la libertad que buscan traficar por naturales a la humanidad. De este modo, abren paso a toda una concepción ideológica sobre la sociedad que se traduce en afirmaciones como: "el pobre es pobre porque quiere", "el patrón es el que más arriesga", etc., etc. Las respuestas no son mejores, una diputada del FITU calificó a Milei de "vago" por no hacer su trabajo parlamentario como ella considera debería hacerse.

Frente a la situación social de ajuste permanente que estamos viviendo, con una inflación y devaluación desmesuradas, precios de los alquileres incontrolables, salarios reales totalmente a la baja, pobreza, desempleo y precarización crecientes, las políticas económicas son presentadas como responsables y a la vez posibles salvadoras. Los economistas liberales ponen la vara bien alta, hablan de un verdadero ajuste, de reducir bruscamente el gasto público, acusan de comunista al gobierno, así como también a los “tibios” de la oposición mayoritaria. Quienes gobiernan se limitan a evitar que la situación estalle, y se nutren de sus detractores liberales para presentarse como benévolos mientras ajustan progresivamente. El ajuste brutal liberal promete dinamizar la economía y un gran despegue nacional. Pero su imposibilidad no remite únicamente al temor de un nuevo estallido social, sino a que no existe un verdadero interés o una salida clara en términos productivos que permita a la burguesía revertir la situación (ni siquiera con una nueva alza del precio de los granos). Si es importante comprender la dinámica de la sociedad capitalista y la competencia entre explotadores no es para indicarles ningún camino, sino para no caer en sus discusiones y las propuestas que nos realizan. Para entender que la lucha por una verdadera transformación de nuestras condiciones de vida se contrapone al desarrollo capitalista, en sus versiones más o menos estatistas.

Volviendo a la curiosa amalgama liberal-conservadora que en su manifestación local pareciera tener al libertarismo a la cabeza, es difícil encontrar una coherencia que vaya más allá de un oportunismo electoralista, que se nutre de la oposición a las políticas instrumentadas en las últimas décadas en la región. Estas, por su parte, se han mostrado impotentes frente a las crecientes problemáticas sociales. De este modo, todo lo que sume en ese sentido es utilizado: liberalismo, constitucionalismo, conspiracionismo, anticomunismo, anticorrupción, antipiquetes, antifeminismo…

Mucha de la bronca social actual ha tomado este extraño cauce. Si la bronca del 2001 contra los políticos se caracterizó por una perspectiva difusa e irracional, pero con una impronta de rechazo al capitalismo sobre una base de solidaridad, piquetes y asambleas; buena parte de la bronca actual contra “la casta política” se expresa en términos completamente capitalistas. A pesar de su ridiculez e impracticabilidad, expresiones como “dinamitar el banco central” son preferibles para el mantenimiento del orden frente al recuerdo del “que se vayan todos”. Pero detrás de tanto discurso de bronca y abiertamente pro-capitalista, cuesta comprender realmente qué capacidad de gobernar tienen estos sectores, bajo qué alianzas y con qué políticas concretas. Porque si bien pueden eventualmente llegar al poder como ha ocurrido con “outsiders” en otros países, luego se demuestran como continuadores de la dinámica actual de funcionamiento en sus características fundamentales. De hecho, Milei, erigido en representante de furibundos anti “planeros”, ya aseguró que en el caso de llegar al gobierno dará continuidad a los planes sociales. Anteriormente Macri, quien hizo campaña con un discurso similar sobre el tema, cuando fue presidente no solo no pudo erradicar los “planes” sino que debió ampliarlos.

Consideramos pertinente salir al cruce de estos personajes ahora organizados en partidos políticos, pero teniendo en cuenta lo que son, otros aspirantes a gestionar y administrar el Estado argentino, cada uno con sus particularidades. Es importante señalar esto último ahora que el gobierno y sus seguidores llaman abiertamente a hacer frente “contra la derecha”, “contra el fascismo”, etc., etc. Esto explicaría por qué intelectuales, periodistas y artistas oficialistas insisten tanto con el tema. Mientras lo que denominan ultraderecha se limitaba a Biondini y otros nacionalsocialistas, con mucho de peronismo no lo olvidemos, era una cosa más bien folklórica. Si bien había quienes temían por el crecimiento de estos grupúsculos, ahora la cosa es seria. A nivel local e internacional crece esta “nueva derecha” que está en sintonía con las condiciones de existencia actuales, a diferencia de los nostálgicos del III Reich.

Para quienes están en una campaña electoral permanente, la mención de la “amenaza fascista” es un recurso más como lo pueden ser las energías renovables o las medidas de seguridad. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado... tal como decía Mussolini. Pero en su justo medio, sin excesos ni extremismos. Frente a este temor, progresistas de todos los colores llaman a hacer un frente común cada vez más amplio y lo que se acepta como un mal menor termina justificando una situación cada vez peor.

Sin embargo, este auge neo-retro-liberal no puede pensarse por fuera de las condiciones actuales del modo de producción capitalista, del auge del individualismo emprendedurista y meritocrático que se expresa no solo en la política sino principalmente en las necesidades de supervivencia en el actual panorama laboral. Este hecho encuentra su correlato en manifestaciones que van desde las letras de trap hasta los postulados new age. No quedan dudas de que tanto el electorado como activos militantes de estas expresiones liberales proceden de los más variados estratos sociales. Como suele ocurrir con las identificaciones políticas, no se parte de una opción ideológica sino de la forma de ganarse el sustento. La justificación suele venir después. Un emprendedor “amante de la libertad” no elige Rappi o ser monotributista, funciona al revés. Como suele decirse, son las condiciones materiales de existencia las que determinan la conciencia.

Nuestra intención, cabe aclarar, no es la de rebatir o “destruir” los argumentos tal como estos sectores gustan de plantear las discusiones, sino invitar a reflexionar sobre muchos de los temas que aparecen cada vez más frecuentemente a partir de su irrupción, tratando de comprender algunas de las particularidades y razones de este fenómeno liberal y neoderechista, principalmente en su variante local. De este modo, podremos ver cuánto en común tienen estos liberales con muchos de sus supuestos críticos.

Estas palabras tampoco tienen como motivo principal persuadir a los jóvenes liberales y anticomunistas. No nos interesa entrar en esas discusiones supuestamente lógicas a las cuales se acostumbra en la nueva arena del debate político. La lista de falacias (ad hominem, del hombre de paja, etc.) es tentadora, y hasta puede ser certera para ciertas discusiones, pero el mundo no se transforma mediante información y contiendas retóricas. Esta predominancia dada a ciertos principios lógicos, al interior del liberalismo, es muy propia de la escuela austríaca que ha ganado repercusión en Argentina a partir de Milei. Más allá de representar una curiosidad a nivel local e internacional, esta forma de “debatir” ha encajado bien en la superficialidad mediática y de las redes sociales. No es que supongamos que sea una forma “falsa” de discutir, pero sí muy limitada si lo que se trata es de comprender la dinámica social. El rebatidor de falacias llega al punto de abstraerse de las condiciones materiales de existencia y su desarrollo histórico. No es casual la aversión de estos sectores respecto del posmodernismo progre, con el que no obstante comparten la obsesión por lo discursivo. Allí donde presupuestos ideológicos se baten a duelo en un terreno sin historia ni determinaciones, difícilmente podamos plantear otras formas de razonamiento.

Podrá resultarle extraño a toda suerte de terraplanistas políticos, a un lado y el otro, leer acerca de aquello sobre lo que se han convertido en negacionistas: sociedad de clases, explotación, condiciones materiales de existencia, revolución… En este sentido, algunos indignados con lo que señalan como derecha liberal encontrarán desagradables coincidencias con aquello que rechazan.

El abandono de la noción de explotación de una clase a otra puede llevar a extrañas creencias: que se trata de un problema cultural, que quien es pobre lo es porque quiere, que no hay sociedad más que como suma de individuos, que la misma estaría regida por la maldad o por una voluntad opresiva, que de haber capitalismo sería un sistema y no un modo de producción, etc., etc., etc. De este modo coinciden quienes esperan la “lluvia de inversiones” con quienes confían en la “teoría del derrame”: ambos consideran que si a la burguesía le va bien, nos irá bien al resto de la sociedad. Ya sea desde un proteccionismo nacional, como desde la apertura total de los mercados, se invita a los proletarios a participar de las disputas burguesas. A su vez, en un escenario donde no aparece un horizonte claro en términos capitalistas sobre cómo sortear sus contradicciones actuales, tampoco aparece una fracción de la burguesía que indique un claro camino a seguir. De este modo, la alternancia política y la disputa en el plano discursivo contribuyen al sostenimiento del orden existente, haciendo de liberales y detractores la novela televisiva de cada noche.

Contra el Estado y el Capital

Milei en plena campaña concluyó que hay que «pelear contra el sistema desde adentro». Igualito a cuando un personaje de izquierda emerge del movimiento social y decide convertirse en candidato a alguna elección: «Esto se cambia metiéndose adentro del sistema, dando la pelea desde adentro para luchar contra el statu quo, pero eso requiere de tener las pelotas para mezclarse con la casta política.»

Liberales, minarquistas, anarcocapitalistas difieren en la minimización del Estado, de poquito a nada, pero coinciden en la defensa de la propiedad privada y el Capital. Así como diferentes corrientes del socialismo plantean la destrucción del Estado para después o durante la “revolución”, mientras se proponen gestionar y desarrollar el capitalismo.

Los denominados anarcocapitalistas imaginan una sociedad en la que haya un orden sin Estado, “impulsado por la creatividad y dinamismo de los empresarios”. Una sociedad donde todos los servicios públicos sean brindados por empresas privadas, sin ningún tipo de financiación a través de impuestos. Esto incluiría desde la salud y educación hasta la policía y la justicia. Las actividades personales y económicas serían reguladas por empresas dedicadas al arbitraje de manera privada. Incluso el dinero (se limitan a su función de moneda) sería proporcionado privada y competitivamente en un mercado abierto, prescindiendo de los bancos centrales, y quitando regulaciones a los bancos privados. La base de este supuesto orden social ideal es la propiedad privada: del propio cuerpo y de los recursos que se dispongan, como es el caso de los medios de producción. En este sentido, todos seríamos “empresarios” y cualquiera podría crecer sobre la base de su esfuerzo y creatividad. Cuando pensemos en empresarios no debemos figurarnos automáticamente al directivo de una multinacional, nos basta con ir a la definición mínima de empresa: una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Las críticas anarcocapitalistas, por tanto, no solo se dirigen a la “casta” y a ciertas franjas del proletariado que subsisten a partir de ayudas estatales, sino también a los “empresaurios”, aquellos burgueses improductivos que “viven de la teta del Estado”.

Ahora bien, a diferencia de lo que esta utopía capitalista propone, admitir la propiedad es admitir el Estado. Porque es imposible eliminar a este último sin eliminar las relaciones de producción y reproducción que le hacen posible. No hay en la historia conocimiento de una sociedad basada en la propiedad privada en la que no hubiera Estado. En cambio, sabemos que durante miles de años hubo sociedades sin propiedad privada y sin Estado.

Con la propiedad privada aparecen clases sociales con intereses económicos en pugna. Para mantener los choques dentro de los límites “del orden”, el Estado, un poder nacido de la sociedad, se pone por encima de ella. Y para mantener esa fuerza pública se necesitan las contribuciones de los ciuda-danos, es decir, los impuestos. Aquello que los liberales tanto odian, sirve nada más y nada menos que para garantizar el libre mercado. Más o menos libre, el mercado ha sido siempre posible por la acción de los Estados, más allá de ese libre mercado ideal que gustan imaginar.

La mano dura del Estado y la mano invisible del mercado se estrechan en un apretón que garantiza esta sociedad. Si nos hablan de “abolir” el Estado para establecer una seguridad competitiva ligada a la esfera privada y no pública riámonos en sus caras y recordemos que el Estado está constituido a fin de cuentas por una “banda de hombres armados” en defensa de la propiedad, el intercambio y el trabajo asalariado.

En definitiva, el Estado no es un enemigo por razones de gusto, afinidad moral o antipatía ideológica. Lo es en tanto estructura de poder fundamental que garantiza el funcionamiento del modo de producción capitalista. Y si se presenta como necesario eliminarlo no es porque quienes detentan el poder sean malas personas o estén motivados por ciegas ambiciones. Es preciso eliminarlo porque organiza y ordena el sometimiento de nuestras vidas con el Capital, porque es el gobierno del Capital.