miércoles, 2 de abril de 2014

EL MITO DE LA IZQUIERDA SE CAE DE MADURO

La situación social y económica de Venezuela, tras 14 años de gobierno chavista y poco más de un año de gobierno madurista, no podía arrojar más que los resultados que estamos viendo hoy. Es necesario entonces hacer un repaso histórico para contextualizar el presente estallido social.

Esta sucesión de gobiernos “socialistas” y su crisis actual sólo puede entenderse y denunciarse a sabiendas de que el socialismo del que se habla es, sin lugar a dudas, un “socialismo” burgués. Es la socialdemocracia instaurando sus gobiernos “obreros”, reivindicando la soberanía nacional, la defensa de la economía nacional, pretendiendo gobernar para la clase a la que aplasta. Así, con estatizaciones, una gran renta proveniente del petroleo, una enorme burocracia, mucho nacionalismo y populismo, y palos y migajas para la mayoría del proletariado,  se gesta la revolución bolivariana, constituyéndose Venezuela en el bastión del tan de moda Socialismo del Siglo XXI (sobre el que ya hemos tenido oportunidad de hablar en el nro. 7 de La Oveja Negra).

Ahora bien, el hecho de que los medios de producción sean estatales o no, no cambia nada. A los proletarios no nos hace ninguna diferencia que quien nos explote sea un dueño particular, el gobierno nacional o una multinacional. El Capital no posee un único método para reproducirse, utiliza aquél que le sirve a los fines de una mejor reproducción, a su propia valorización. En este sentido, si utiliza el intervencionismo estatal y la lógica pseudo “socialista” sólo lo hace en las ocasiones en que le resulta beneficioso, en tanto concilia los intereses antagónicos de las clases y le permite continuar desarrollándose, ampliándose y utilizando a la población con la excusa del crecimiento de la economía nacional. Como una gran falacia, el “socialismo” burgués pretende que exista el socialismo en un sólo país, lo cual en tanto interés nacionalista (regional, parcial) no puede ser más que interés de la burguesía que apunta a la atomización del proletariado. Sea bajo la forma que sea, todo Estado es imperialista. Toda disputa o alianza entre Estados no es más que la consecuencia del desarrollo de las economías nacionales, es decir, de intereses burgueses particulares y nunca intereses del proletariado.

Las crisis de Venezuela siempre fueron asociadas, tanto por Chávez como por Maduro, a intentos de golpes de Estado o complots yankees, y codificadas como la lucha contra la derecha o el “imperialismo”. En coherencia absoluta, el discurso de Nicolás Maduro reitera que enfrenta un “Golpe de Estado”, que sería similar a lo sucedido en abril del 2002 con Hugo Chávez. La falsa dicotomía país socialista-potencia imperialista que denunciábamos más arriba se desnuda a su vez en los acuerdos comerciales entre dichos países. La búsqueda de ganancia, así como en otros contextos la necesidad de reprimir al proletariado en momentos de gran convulsión social, obliga a buscar algún nuevo vericueto discursivo para justificar alianzas y medidas. Así lo demuestran las medidas adoptadas por el chavismo frente a la producción de petróleo en su territorio.

Después del paro petrolero en 2002, el gobierno encabezado por Chávez se propuso recuperar las empresas petroleras del país. A partir del año 2005 se emprenden una serie de acciones para recuperar la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada como el mayor depósito de hidrocarburos del planeta. Ya en 2007 se decreta la Ley 5.200, que instituye la nacionalización de la Faja. Se conforman numerosas empresas mixtas petroleras, en las que el Estado venezolano obtiene la mayoría accionaria mediante su empresa estatal de petróleo y gas natural Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), recobrando de este modo el control -y gran parte de las regalías- de las empresas que estaban en manos de capitales internacionales.

A pesar de la exagerada y descabellada propaganda mediática contra el imperialismo estadounidense, un gran aliado en la conformación de estas empresas mixtas fue la multinacional Chevron, conocida por el desastre medioambiental que generó en Ecuador. Los defensores del “Socialismo del siglo XXI” como todos los defensores del capitalismo siempre tienen una justificación para estos negociados, cuando no es “estratégico” es simplemente “necesario”. En Venezuela el petroleo constituye la primordial fuente de ingresos. Los destinos de sus barriles de crudo son principalmente Estados Unidos y en menor medida Europa y algunos países latinoamericanos.

Los acuerdos económicos de las petroleras son disfrazados con discursos que apuntan a la «soberanía petrolífera» y a la promoción de las Misiones Sociales. Éstas surgen como iniciativa del gobierno nacional bolivariano y constituyen un conjunto de medidas para atender a los sectores populares del país. Su aparición ocurre dentro de un clima de conflicto social y económico, cuyos momentos más álgidos fueron el intento de Golpe de Estado en abril de 2002, el Paro petrolero de diciembre del mismo año y el Referendo Revocatorio de agosto de 2004. Al día de hoy, las empresas mixtas son reconocidas y vanagloriadas por «fortalecer la seguridad social del país» cuando crece el presupuesto asignado a las Misiones.
Si Venezuela consiguió durante mucho tiempo limitar el deterioro es porque su fuerza de choque petrolera le confiere una ventaja comercial y monetaria importante. Pero ésta no basta para garantizar la estabilidad de la moneda y la fuga de capitales, sumado a que la redistribución de la renta petrolera presentaba un riesgo inflacionario, hoy confirmado. Durante las últimas cuatro semanas el gobierno de Maduro anunció, prácticamente día tras día, nuevas medidas que prometen remediar la inflación y el desabastecimiento. Pero más allá de las apasionadas discusiones entre el gobierno y la oposición, el descontento se vivió en la calle.

Cuando la zanahoria se pudrió...

Ahora que todo estalló, que la inflación en Venezuela es la más alta de América Latina, que este gran cúmulo de hombres y mujeres arrojados a la miseria y sometidos al desabastecimiento y al hambre han salido a la calle, ya no puede dibujarse la situación con paliativos basados en medidas populares. Recientemente Maduro optó por decisiones similares con el objetivo de hacerle frente a lo que él denomina «guerra económica» o «sabotaje económico de facciones apátridas». Estas medidas, que van desde la Ley Habilitante de costos y precios justos, pasando por un nuevo sistema de subsidios para adquirir productos de primera necesidad, hasta la implementación de un nuevo sistema cambiario y la re-estructuración de la administración de las divisas en el país, apuntan al intervencionismo y a la estatización para reforzar la economía nacional. Tampoco servirán las disparatadas propagandas oficiales, movilizaciones pro-Maduro o las navidades y carnavales adelantados. Es momento entonces de mirar más de cerca qué es lo que sucede con el golpeado proletariado que habita la región venezolana.

El 4 de febrero se desataron protestas estudiantiles que tuvieron su génesis en la agresión sexual a una estudiante en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Algunos días después, el 12 de febrero, una manifestación estudiantil en Caracas desató una serie de revueltas en el país. Lo que comenzó como un reclamo estudiantil frente a la situación de inseguridad terminó con represión estatal y un saldo de 14 estudiantes detenidos. Las consiguientes protestas por la liberación de esos estudiantes fueron las que desataron la tensión que venía acumulándose en el contexto de la crisis económica, la situación de escasez de bienes de primera necesidad y de servicios básicos, así como el comienzo de la aplicación de un paquete de medidas económicas por parte del gobierno. Las manifestaciones se propagaron por otras ciudades, especialmente Mérida, Táchira y Trujillo y fueron igualmente reprimidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), además de los famosos grupos paramilitares financiados indirectamente e impulsados directamente por este Estado.

En este contexto, parte de la oposición, como los partidos encabezados por María Corina Machado y Leopoldo López, quisieron sacar provecho de la situación y llamaron a movilizar exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de Maduro, en un intento de canalizar las protestas, legalizarlas, politizarlas. A su vez, los demás partidos opositores que forman la Mesa de la Unidad Democrática, especie de amalgama socialdemócrata, progresista cristiana, reformista, liberal (y podríamos seguir…) que constituye la principal oposición de Venezuela, se opusieron abiertamente a las protestas y realizaron un llamamiento a abandonar las movilizaciones durante tres días. Éste fue desoído por la gente que continuó en la calle, superando así la parcialidad de unos y la pasividad de otros, generalizando la protesta por gran parte de Venezuela.

Las movilizaciones se extendieron a muchos puntos del país y fueron convocadas en su mayoría mediante “redes sociales”. A su vez, en cada zona las opiniones y razones que impulsaron las movilizaciones varían. En el caso de Caracas fueron protagonizadas especialmente por sectores de clase media y universitarios, y los pedidos versaron sobre cuestiones políticas, como la renuncia de Maduro y la modificación del modelo social y económico. Al interior del país se sumaron sectores populares a la protesta, incorporando demandas sociales tales como la crítica a la inflación, la escasez y la falta de servicios básicos.

Luego de algunos días de relativa calma, el sábado 22 de marzo se reanudaron las manifestaciones y los enfrentamientos entre simpatizantes oficialistas y fuerzas opositoras. Esta jornada de marchas y contramarchas derivó nuevamente en disturbios y registró numerosos detenidos y tres fallecidos.

Las razones de la protesta van desde demandas en salud, vivienda, y abastecimiento de bienes de primera necesidad, hasta reclamos por la inseguridad. Sin embargo, estas jornadas de protesta, al margen de sus razones verbalizadas, de sus consignas en muchos casos limitadas, fueron crítica práctica y apuntaron a la destrucción de los símbolos e instituciones del Estado y del Capital. Hubo embestidas contra sedes de partidos políticos, tanto opositores como oficialistas; ataques a sedes de instituciones estatales y patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (principal órgano estatal de investigaciones penales). Además se registraron arremetidas al Hotel Venetur (de propiedad estatal) y asedios prolongados a la cadena de televisión pública Compañía Anónima Venezolana De Televisión (VTV). En Táchira hubo ataques contra la sede de la Fundación de la Familia Tachirense, en el municipio de Chacao contra el Banco Provincial y el Banco Venezuela, y en Barquisimeto, a la sede de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Ninguno de estos ataques es salvaguarda frente a la posible codificación de las protestas hacia el pedido de reformas parciales, pero las movilizaciones, guarimbas (barricadas urbanas) y arremetidas por parte del proletariado de la región venezolana denuncian con palos y furia, una vez más, la inhumanidad del Capital, de su faceta democrática y sus partidos, de sus medios de comunicación, su brazo represivo y sus fuerzas de choque. Esta y otras revueltas de las que somos testigos, que suceden en diversos lugares y aparentemente por motivos distintos, si bien muchas veces resultan efímeras, poseen una conexión de intereses y de lucha contra la explotación, como la respuesta más humana contra la civilización, como crítica práctica contra el orden y sus representantes, como muestra del intento de imponer las necesidades humanas frente a las del mercado y las relaciones sociales capitalistas.

Y, como siempre, cuando la zanahoria se pudre... sólo queda repartir palos. El brazo armado del Estado, defiende con prisión y tortura su incuestionable propiedad privada. La represión por parte de la GNB, la SEBIN y grupos paramilitares logra disolver algunas protestas al mismo tiempo que desata otras. La represión sin miramientos, la detención y tortura, la militarización de la ciudad de Táchira, los allanamientos ilegales, entre otras, han sido la respuesta preferida del Estado venezolano a esta serie de ataques y revueltas, dejando como saldo hasta el momento 36 muertos, cerca de 400 heridos y 1600 detenidos.

Ahora que la perorata del poder popular muestra su verdadera cara, es momento de insistir en lo espontáneo de estas revueltas, y en que más allá de las consignas en  las que se verbalicen, son rupturas de la cotidianidad, expresión quizás parcial e incompleta, de una clase agotada de vivir y morir aplastada, ajena a su humanidad. Las diversas formas en las que estas condiciones se presentan bajo los diversos Estados no son más que las diversas caras de nuestra condición de proletarios. Comprender esto es comprender que somos parte del mismo ser, en tanto compartimos las mismas miserables condiciones de existencia y portamos la capacidad para terminar esta situación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario