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La nueva reforma laboral no garantiza el incremento del trabajo formal como sostiene el oficialismo. Tampoco implica un regreso a la esclavitud porque es terriblemente actual. Se trata de la consumación de un largo proceso de transformación de las relaciones de explotación en función de las cambiantes necesidades de acumulación de capital.
El nuevo proyecto de “Ley de modernización laboral” extiende y formaliza la precariedad laboral en la que ya sobrevivimos millones de trabajadores en Argentina. A través de un proceso de varias décadas, casi la mitad de la población trabajadora de este país no tiene un empleo asalariado registrado, lo cual significa que una gran porción de personas ya viven igual o peor de lo que propone esta nueva disposición. Entonces, ¿por qué tanto alboroto ahora, y por qué tanto silencio durante las últimas décadas? Las respuestas habrá que buscarlas fuera y contra la indignación selectiva, producto de la campaña electoral permanente en la que vivimos.
Desde 1974, el salario en Argentina viene cayendo con tibias recuperaciones circunstanciales. Desde la década de los ‘90 creció el desempleo, el trabajo informal, el trabajo autónomo monotributista, la necesidad de más de un empleo por familia y de más de uno por persona. A su vez, desde comienzos de siglo se impone masivamente la necesidad de ayudas estatales, cuyos montos y beneficiarios son incrementados incluso por parte de los gobernantes que ganan elecciones prometiendo acabar con los “planeros”. Todo esto significa que ya hay, y desde hace tiempo, millones de personas que carecen de vacaciones, aportes, licencias, indemnización y cuyo salario es “dinámico”.
Se trata de la degradación sin prisa y sin pausa de las condiciones de vida del proletariado en Argentina, que no comienza ni con esta “ley de modernización” ni con su antecesora, la Ley bases, así como tampoco comenzó con las reformas laborales de los ‘90.
Modernización laboral
Modernización no es sinónimo de “justicia social”, ni mucho menos de mejoras para los trabajadores. El capitalismo es una relación social que consiste precisamente en la modernización, en la expansión y el crecimiento ilimitados. Vivimos en una sociedad de clases y el progreso es el del Capital, tan simple que es fácil de olvidar.
Se trata de otro embate de clase. «Un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos. A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. (…) basta de informalidad y estancamiento» sentenció Patricia Bullrich.
Parte de la burguesía nacional, especialmente los pequeños capitales, cree o quiere hacernos creer que el estancamiento económico local se debe en gran parte a “la mafia de los accidentes laborales”. «Tenemos que sacarnos de encima a los mafiosos que no nos quieren dejar crecer» decía Macri hace años en esta larga campaña por flexibilizar, aún más, la fuerza de trabajo.
Otra supuesta causa del malestar argentino serían las indemnizaciones, uno de los motivos por los cuales los patrones no contratarían empleados. No bastó con la figura de asociado del DNU/Ley Bases, con la cual un monotributista puede contratar hasta tres “colaboradores independientes”, que ya no empleados, brindando una figura legal al trabajo precario sin derecho a indemnización alguna en caso de despido. Con la nueva ley, las indemnizaciones para los trabajadores que sí están registrados serán más bajas que las actuales, ya que excluyen del cálculo aguinaldo, vacaciones, premios y otros beneficios que no sean de pago mensual (Art. 51).
Sin duda, para los pequeños empresarios el margen de ganancia es tan pequeño que precisan abaratar costos como sea y recortan el salario de los trabajadores. “El hilo se corta por lo más delgado”, dice un viejo refrán para ilustrar que en situaciones de dificultad son las personas más vulnerables o con menos recursos quienes primero padecen las consecuencias.
Uno de los mecanismos de ajuste salarial de la nueva ley son los “salarios dinámicos”, con los que el gobierno propone adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva, con el supuesto de promover la sustentabilidad del empleo formal. Los salarios pueden incluir ahora “componentes retributivos dinámicos”, de acuerdo al “mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización” que pueden ser modificados y eliminados en cualquier momento (Art. 33). Cada empresa podría pactar sumas diferentes y, en este supuesto contrato entre personas formalmente iguales, cada trabajador podrá negociar libremente con su jefe. Se trata del ideal liberal en el cual los individuos formalmente libres e iguales ante la ley realizan contratos: trabajador y patrón, o inquilino y propietario como sufrimos con la nueva ley de alquileres del ya nombrado DNU.
Las horas extras podrán ser reemplazadas por un “banco de horas” (Art. 42) para ser compensadas con días libres o jornadas de trabajo reducidas. Otra vez, a negociar de igual a igual con la empresa.
Cuando el Gobierno Nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en 2020 escuchamos repetidamente sobre los “servicios esenciales”, una categoría utilizada en diversas ocasiones para garantizar la continuidad laboral ante cualquier eventualidad (léase medidas de protesta, principalmente). La ley anterior especificaba algunas actividades puntuales (salud, agua potable, gas, electricidad, tráfico aéreo) y disponía que debían “garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”. Con la nueva ley (Art. 101) se amplían estas actividades considerablemente (sumando educación, transporte de medicamentos, combustibles, telecomunicaciones, residuos, seguridad privada) estableciendo una prestación no menor al 75%. A dicha categoría se suma la de “servicios de importancia trascendental” (aduana, producción de medicamentos, transporte de carga y pasajeros, radio y televisión, diversas actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia, química, cementos, la industria alimenticia completa, toda producción que comprometa exportaciones, actividad bancaria y de comercio electrónico), que no puede brindar una prestación menor al 50% de su funcionamiento. Entre ambas categorías comprenden a la enorme mayoría de los trabajos realizados en el país, por lo que se procura limitar de forma drástica el derecho a huelga.
En este sentido, la nueva ley establece además que las asambleas de personal y reuniones de delegados no pueden afectar el normal desarrollo de la empresa, debiendo contar con autorización del empleador, y que el trabajador no cobrará por ese tiempo (Art. 138). A su vez, tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos, tomas del lugar de trabajo, o cualquier acto o intimidación que afecte “la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida” (Art. 139). Traducido: otro duro golpe al derecho de huelga.
Nuevo ataque contra los trabajadores
Pero ¿a quiénes afecta toda esta batería de leyes antiobreras? No a todos los trabajadores activos. Como sabemos, en este país los trabajadores “en blanco” no son la mayoría de la población. Veamos…
Para empezar, no se trata de un problema argentino. El capitalismo ha incorporado el ataque contra el salario como un rasgo estructural y permanente. Lo comprendemos en sus dos posibilidades, como una baja del valor de la mercancía fuerza de trabajo y como un menor protagonismo del trabajo asalariado en la reproducción de clase. Cada vez se habla más de ingresos; lo que incluye no solo los salarios, sino ayudas sociales y trabajos cobrados por cuenta propia que en muchos casos pueden encubrir relaciones salariales. En este país, la inflación es una forma persistente de la baja de los salarios, de la misma manera que las ayudas sociales son una forma de subsistencia paralela a la relación laboral.
La continua disminución de los salarios, la generalización de la precariedad y la expulsión de una parte del proletariado del proceso de producción de valor define nuestra época. Por tanto, se redefinen nuestras luchas y nuestra capacidad defensiva u ofensiva en tanto trabajadores. Ante la situación actual una “huelga general”, por ejemplo, no es tan general, ya que, por los motivos previamente mencionados, abarca a menos de la mitad de las personas que trabajan. Para los asalariados, su asistencia queda “bajo responsabilidad de sus empleadores” o tienen la posibilidad de “hacer homeoffice”. Por otra parte, medidas como el sabotaje se presentan como autoboicot cuando somos nosotros los que muchas veces ponemos las herramientas de trabajo.
Pero vayamos unas décadas hacia atrás: la reestructuración capitalista iniciada a mediados de los ‘70, que se extendería a lo largo de los 80, y terminaría de completarse mundialmente en la década siguiente. Podríamos resumir sus características: precarización y flexibilización del trabajo; globalización y deslocalización de los centros productivos; financiarización creciente de la economía en general; profundos cambios en el proceso productivo de la mano de la automatización, la informática, la robótica y fórmulas tan simples como efectivas, por ejemplo “ponerse la camiseta de la empresa”.
A partir de entonces, comienza el declive de la identidad obrera tal como la conocíamos y, por tanto, la explosión de múltiples identidades directamente relacionadas a la heterogeneidad del mundo del trabajo. En este sentido, se produce una marcada división entre trabajadores altamente calificados y otros de baja calificación que encontrarán comprador de su fuerza de trabajo crecientemente en el sector servicios, mientras que en la industria el empleo se reducirá progresivamente debido a la automatización y la deslocalización industrial. En países como Argentina los efectos de la reestructuración serán –a grandes rasgos– similares pero las transformaciones de la industria tendrán sus particularidades locales, a lo cual se suma el crecimiento del empleo estatal. Por otra parte, crece una fracción del proletariado que se consolida como población sobrante para el Capital, estos deben recurrir a la caridad, la delincuencia o las ayudas estatales.
Finaliza el “Estado de bienestar”, la supuesta “edad de oro” del capitalismo, y aumenta la informalidad y la desocupación. A comienzos de los ‘70 la desocupación estaba entre el 3%-5% y el trabajo informal representaba el 15%-20% del empleo total. Para la década de los ‘90, y luego del “efecto tequila”, la desocupación alcanza un pico del 19% y la informalidad un 35%-40%. Actualmente, la informalidad llega a casi el 50%, lo que permite una menor desocupación respecto de los ‘90, que se ubica en torno al 7,5% (tampoco hay que perder de vista que para el Estado la categoría de ocupado es cada vez más amplia). Estos fenómenos no tienen una originalidad argentina e incluso suceden en el llamado “primer mundo”, aunque en menores magnitudes.
«Desde su pico máximo en el ‘74 hasta el momento, el salario real en Argentina ha caído por encima del 50%. Esta caída estuvo compuesta por brutales ajustes mediante bruscas devaluaciones con altos niveles inflacionarios e hiperinflaciones, comenzando por el Rodrigazo en 1975, las hiperinflaciones de 1989 y 1990, y la salida de la convertibilidad en 2002. Solo a partir de estos duros ajustes se produjeron fases expansivas de la economía con una recuperación relativa de los salarios, siempre por debajo del nivel del ciclo alcista anterior». («La caída del salario», nro. 93)
Es decir: más pobreza para millones y, para quienes “tienen la suerte” de trabajar, la reproducción de su fuerza de trabajo por debajo de su valor; o sea, la caída sistemática del salario.
Entrado el siglo XXI, el crecimiento del empleo público fue mayor que el del privado, y en ambos creció la informalidad. Paradojas del capitalismo, incluso por parte de sus gestores estatistas. Ese empleo público que no es sinónimo de “planta permanente” sino también de precarización laboral. Mientras tanto, se reafirma la opción de trabajo autónomo, que no se trata de un empresario (ni de sí mismo ni de nadie), sino de un explotado más. Asistimos entonces a una reforma laboral sin votación en el Congreso, realizada por la propia dinámica capitalista de un país rentista donde, exceptuando el agro y la minería, el grueso de la producción se realiza con baja productividad para ser vendida en el mercado interno.
Podríamos decir entonces que Milei viene a acabar con la tarea emprendida por el kirchnernismo, pero sería muy simplista. Por otro lado, reducir el modo de producción capitalista mundial a sus administradores locales no explicaría demasiado.
La CGT no traiciona
«Los sindicatos que antaño profesaban una alianza estratégica con la burguesía local, a la que le exigían mejores condiciones y salarios, vienen aceptando ajuste tras ajuste, década tras década, buscando evitar que no cierren los lugares de trabajo. Por su parte, los “sindicatos de desocupados”, antes organizaciones autónomas de desocupados que reclamaban puestos de trabajo, hoy exigen al Estado más y mejores ayudas sociales, o algún reconocimiento del trabajo precarizado que realizan bajo el eufemismo de “economía popular”. Es una estrategia sensata, dado que el empleo formal no para de caer, los salarios reales (su parte directa e indirecta) disminuyen y el Estado pasa a cubrir una parte del valor de la fuerza de trabajo con ayudas sociales, como complemento de los salarios o los magros ingresos familiares», decíamos en el nro. 16 de Cuadernos de Negación.
Si menos de la mitad de los trabajadores tienen un contrato formal y solo un cuarto están sindicalizados, hablamos de una crisis de representatividad de la CGT, que se comporta más bien como una oposición política apéndice del peronismo. En los ‘70 la afiliación era del 50% de los asalariados formales, hoy es del 40% y el alcance del trabajo formal se redujo a aproximadamente la mitad respecto de aquellos años. En estas condiciones es que cuestionábamos la efectividad de un “paro general” llamado por la central sindical. Claro que no tenemos soluciones, de lo contrario las compartiríamos, pero sabemos que no es posible avanzar aferrados a esquemas atrasados, ni pretendiendo superar la baja conflictividad a fuerza de mera voluntad, con más marchas o más piedras.
El que avisa no traiciona. Muchos explotados se preguntan “a dónde está, que no se ve, la famosa CGT”. Pareciera que los representantes políticos y sindicales no aparecen, pero ahí están: negociando nuestro precio, nuestra miseria, preparándose para las próximas elecciones e incluso viviendo del esfuerzo ajeno, porque no olvidemos que muchos de ellos no son simples burócratas sino también empresarios. No es un detalle que esta reforma de ley no derogue la obligatoriedad de la cuota sindical “solidaria” y compulsiva de los no afiliados (Art. 133). Siquiera cuestiona el modelo de “libertad sindical” argentino. La caja se achica pero no se toca. Así es que pasó con mayor tranquilidad el proyecto de ley.
Los nuevos escenarios nos obligan a replantear todas las cuestiones, no a pensar en términos del pasado. Ni el Estado de bienestar, ni la oposición a la esclavitud ofrecen respuestas. Es preciso realizar un balance de las luchas en curso. Es momento de insistir con la necesidad de ruptura, frente a un horizonte de reformas.
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Para ampliar recomendamos los siguientes artículos del boletín donde reflexionamos en torno a la actualidad a la vez que hacemos memoria: «1° de Mayo: Memoria y perspectivas» (nro. 71), sobre la reestructuración y la reproducción de clase, y «¿Qué huelga?» (nro. 94), sobre los paros, movilizaciones y el sindicalismo oficial. Además del citado artículo «La caída del salario» (nro. 93), recomendamos también «“Amigos y enemigos”: La distinción de lo político» (nro. 102) sobre la indignación selectiva, así como «¡Esto es lucha de clases!» (nro. 91) publicado cuando asumía el actual gobierno.