Huelga histórica en las cárceles
argentinas. Diez mil seres humanos privados de su libertad iniciaron una
huelga de hambre masiva el 5 de diciembre de 2019 en reclamo frente a
las condiciones de encierro. Desplegaron sus banderas en los pabellones,
expresando las consignas y pedidos de una huelga histórica que se
extendió de tal modo que alrededor de 35 unidades (mayormente del
Servicio Penitenciario Bonaerense) se unieron parcial o totalmente al
reclamo, además de algunas comisarías. También otros penales del país se
sumaron a la lucha, como Bariloche, Roca, Viedma, Chaco y Mendoza.
Inicialmente, el desgaste ejercido por la agresión penitenciaria hizo lo
suyo, logrando que algunos penales levantaran la medida al poco tiempo.
La convocatoria a una mesa de diálogo, después de poco más de dos
semanas, paralizó la medida, logrando contenerla en los penales más
reacios, bajo una promesa de reunión.
Para los representantes y mediadores que
sostienen el Estado y sus cárceles, estas son solo palabras que sirven
para normalizar y enfriar la situación. Mediante jugadas políticas su
único interés está en detener los reclamos de la huelga, jamás revertir
ni transformar la situación vivida día a día en los presidios. Por otro
lado, con esta medida de los presos se concreta una mesa de diálogo en
la que los reclamos al fin tienen eco. Esto es un paso ganado por la
instancia de lucha. Las acciones de los reclusos espontáneas o
coordinadas, con el apoyo externo de familiares, amigos y compañeros,
son las únicas que históricamente han dado resultados en los reclamos y
luchas dentro de las cárceles. Cuando los reclamos de los presos se
vuelven visibles por la degradante cotidianidad interna vivida en los
penales, al Estado y a sus representantes no les queda otra opción que
simular respuestas democráticas a la altura de sus ficciones jurídicas.
Los reclamos por las condiciones de
hacinamiento y tratos inhumanos ya son más que conocidos. A la escasez
de alimentos, se suma el maltrato físico y psicológico que reciben los
enfermos, la prácticamente nula atención médica y la falta de
medicamentos o entregas fuera de fecha. Igual de grave, o más, es el
encierro sufrido por mujeres embarazadas, madres y niños menores de
cuatro años sin condena firme.
El reclamo clave en esta huelga histórica
deriva de la deshumanización y la violencia que agrega la
sobrepoblación: aproximadamente seis personas conviviendo en una celda
preparada para dos; aunque los fríos números de tal crecimiento nunca
serán suficientes para dimensionar las condiciones de miseria y
decadencia en la que vivirán los detenidos hasta el fin de las cárceles.
Son los propios sondeos del enemigo los que hablan de una emergencia
humanitaria, sanitaria, judicial y edilicia.
Del otro lado de la reja, es cotidiana la
persecución y el verdugueo que ejerce el servicio penitenciario, que
adueñándose de la vida de los presos, se mete dentro de su carne, cual
parásito, eliminando cualquier atisbo de intimidad que todo ser humano
merece, manejando los espacios y los tiempos de acuerdo a sus
pretensiones de poder y fortaleciendo continuamente los negociados
internos con el narcotráfico.
Otro punto central de la demanda es contra
la ejecución del proyecto del nuevo código penal instalado por el
gobierno saliente, donde además de la baja en la edad de imputabilidad,
se incluyen penas absurdas para quien participe en cortes de calle o
enfrentamientos contra los perros del orden: ¡tres años por tirar una
piedra en una marcha! Esa es su justicia, esa es su moral.
El fortalecimiento de la prisión
preventiva se ve entrelazada con la modificación de la ley 24.660 hace
algunos años atrás, en la cual la quita de beneficios (como salidas
transitorias) responde a un intento de privatización, donde la necesidad
empresarial era retener la mayor parte de la condena a los y las
presas, absorbiéndoles hasta la última gota de sangre y vida en el
trabajo esclavo dentro de las cárceles.
En diferentes entrevistas y declaraciones
de presos en lucha se hace hincapié en la derogación de la “Ley
Blumberg”, que aplicando la doctrina de la mano dura incrementó las
penas a delitos menores, generando un efecto espejo en el incremento
poblacional carcelario. El aumento punitivo de las sanciones y las
reiteradas modificaciones a las leyes de beneficios son una constante a
lo largo de diferentes contextos y gobiernos democráticos o
dictatoriales.
La crisis generalizada que en estos
momentos se visibiliza tras los barrotes está directamente relacionada
con el contexto de crisis social y económica en Argentina, pero la
existencia de dichos mecanismos de encierro y su rol social son
antiguos, como también lo son la rebeldía y la solidaridad que florecen
en la lucha cara a cara contra el enemigo, incluso en situaciones
adversas y disímiles como las que se viven en las cárceles.
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