¡ESTO ES LUCHA DE CLASES!

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La megadevaluación y el decretazo del gobierno son un ataque de clase. Contra quienes trabajamos, alquilamos, usamos transporte, salud pública, recibimos ayudas sociales y/o protestamos.

El nuevo gobierno comenzó con una ofensiva: la devaluación del 54% del peso argentino respecto del dólar. El plan motosierra es una licuadora de salarios. Incluso de las ayudas sociales de mayor alcance que, para horror de sus votantes, La Libertad Avanza aumentó un 50% (AUH y Tarjeta Alimentar). A pesar de esto no se contrarresta la inflación acumulada durante los últimos meses de la gestión anterior, y se suma el impacto inflacionario de la brutal devaluación actual.

El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus” presentados por el nuevo gobierno generan confusión sobre qué entra en vigencia y qué no. Además, parecen dejar en segundo plano la megadevaluación como ajuste sin decreto que sufrimos de un día para otro y que se suma a la alta inflación que venimos padeciendo desde hace meses y años.

El DNU comienza con una afrenta de clase: derogación de la Ley de alquileres. Y no significa que la anterior fuese buena ya que, al ajustar alquileres con un promedio entre inflación y salarios registrados, no hacía más que acompañar los aumentos del resto de los precios. La propuesta actual es aún peor: fuerza a los inquilinos a pagar lo que al propietario se le ocurra, incluso los denominados gastos extraordinarios, empeorando la cuestión de las garantías y las recesiones, desregulando la duración de los contratos. Esa es la libertad de contrato que propone el liberalismo: entre partes que son formalmente iguales ante la Ley pero desiguales socialmente.

El resto de los apartados son obsequios para otros sectores: derogación de la Ley de manejo del fuego, que permite acelerar los tiempos de venta de un territorio incendiado (como los humedales quemados de esta zona), de la Ley de tierras, de leyes que regulan la actividad minera, vitivinícola, algodonera y deportiva. Necesidades y urgencias de la burguesía.

Algunos artículos nos afectan indirectamente al modificar la distribución de plusvalor al interior de la clase explotadora. Otros apuntan directamente a aumentar la tasa de explotación y debilitar nuestra capacidad de acción, de protesta y de reunión. Ante un ajuste brutal se preparan para las protestas, huelgas y movilizaciones.

El DNU define “actividades esenciales”, como en el estado de excepción durante la cuarentena, que en caso de huelga tendrían la obligación de cubrir “al menos el 75% del trabajo normal”. Los trabajadores de “importancia trascendental”, por su parte, deberían cubrir el 50% del trabajo normal en caso de huelga.

Además, el DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya que se las considera medidas de fuerza. Prohíbe los piquetes de huelga en la puerta de las empresas, convirtiendo esta medida en causa justificada para despido. A su vez se modifica el cálculo de indemnizaciones para “explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador”. Se reducen las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado y se prolonga el período de prueba de tres a ocho meses “para fomentar el trabajo”. ¡Trabajo hay! Esta vez la crisis es con trabajo, con uno o con dos. No es una crisis marcada por la desocupación, sino de pobreza con salarios de mierda.

Sumando trabajadoras y trabajadores “esenciales” y de “importancia trascendental”, tenemos gran parte de la porción asalariada de la clase proletaria del país. Estos y el resto, asalariados o no, somos atacados con la brutal caída de salarios, ayudas y jubilaciones mediante la inflación.

La pérdida de derechos es relativa entre tanta precarización. La quita de derechos ya existe sin DNU y viene de gobiernos anteriores empujando a cada vez más proletarias y proletarios a la precarización: trabajos y alquileres sin contrato, por ejemplo.

Por otra parte, pareciera que el problema del DNU es su “inconstitucionalidad”: ¡no! Ese es el terreno legal y puede servir en lo inmediato para frenar todo esto. Pero no olvidemos que nuestra lucha, la lucha por nuestras necesidades, también puede ser ilegal y pasar por alto el Congreso. No es un argumento universalmente válido. Cuando el Derecho se vuelve el horizonte de los cambios sociales, incluso revolucionarios, es porque no trasciende la reproducción del propio modo de producción capitalista y sus formas políticas. Y se acaba discutiendo si es cierto que el DNU en realidad deroga leyes de Videla y Onganía, como bien hacen notar los defensores de Milei.

No vale corear la de “Milei basura, vos sos la dictadura” porque es democracia. No vale decir, cuando la democracia no gusta, que es una dictadura; es una arbitrariedad de mal perdedor. Los anteriores también gobernaron con decretos y el Estado existe para poner orden y reprimir, además de distribuir migajas. Sucede que hay cada vez menos migajas y eso incrementa directamente los palos. El jueguito discursivo está en dejar a la democracia limpia de culpa y cargo (para seguir con el lenguaje religioso-judicial), y lo que resulta desagradable ponerlo fuera, achacarlo a la dictadura. Malas noticias para los demócratas: no hay democracia sin represión, sin hambre, sin desempleo.

El problema con este DNU es su explícito contenido de clase. No es simplemente el “decreto de Milei”: es de la burguesía, y la burguesía no tiene partido. Claro que tienen conflictos de intereses entre diferentes sectores por sus ganancias, por cómo y cuánto explotarnos, pero no tenemos por qué tomar partido en esas contiendas.

Como clase explotada tampoco es necesario meternos en el debate “fiscal”, que es un enfoque burgués, adoptado, por ejemplo, por el nuevo ministro de Economía: «La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal», y anunció «si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación». Por eso es que buscan reducir los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad. «Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios (…) Pero estos subsidios no son gratis, se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación, son los pobres los que terminan financiando a los ricos», aseguró Caputo, que no está tan lejos de la verdad. La cuestión es dónde posicionarse ante esta realidad.

Cuando quitan los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros sufrimos una nueva reducción del salario: pero como en otras ocasiones, no es tanto que el boleto sea caro sino que nuestra fuerza de trabajo es muy barata, baratísima. Lo mismo ocurre con los alquileres: en relación al precio de una vivienda los alquileres no son caros, lo son en comparación con nuestro salario. En el caso del subsidio al transporte se trata de un subsidio a los capitalistas. Eso no quiere decir que no nos beneficie de forma indirecta. Pero les permite a los burgueses pagar salarios más bajos (o al propio Estado, en el caso de las ayudas sociales). Si el Estado permite que gastemos menos en viajar (principalmente al trabajo o a diferentes actividades relacionadas con ello) nuestra fuerza de trabajo se abarata, lo cual beneficia a nuestros patrones, es decir, se beneficia la clase explotadora en su conjunto.

Así que, aunque suene paradójico, de diferentes maneras la quita de subsidios afecta a los burgueses del sector en particular y a sus trabajadores. La implicación recíproca que existe entre nuestra clase y el Capital no desmiente su carácter antagónico. De hecho, la reproducción de nuestras condiciones de vida está ligada a la reproducción del Capital, así mismo nuestras luchas.

En la otra vereda (y por la vereda) Guillermo Moreno, exponente del peronismo doctrinario, lo explica a su manera: «En el estatus quo estamos todos los que estamos en contra de esta revolución que pone al país patas para arriba. Y hoy ya empezaron a trabajar el movimiento obrero con los empresarios, se empiezan a encontrar dentro de una doctrina extraordinaria que es la peronista. Que no somos la lucha de clases, nosotros somos la armonía entre Capital y trabajo. (...) Y este decreto le pega al trabajo y le pega al Capital.»

Evidentemente el ajuste se garantiza con represión. Y supone un problema para quienes no fueron lo suficientemente domesticados o institucionalizados, o para quienes la situación los fuerza a salir a la calle pese a los llamados a la calma de años anteriores. El panorama es difícil, luego de años y años de debilitamiento a través de represión vía institucionalización e integración en la política burguesa.

El gobierno nos marea con amenazas mientras comienza a dar palos. Antiguo anhelo burgués, el “protocolo antipiquetes” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación establece que las fuerzas policiales y de seguridad federales «intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación». Para evitar los cortes de la circulación de mercancías y de la mercancía fuerza de trabajo por piquetes y manifestaciones callejeras, habilita a que las protestas se realicen solamente sobre las veredas.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad podrá demandar judicialmente a «las organizaciones convocantes a las manifestaciones, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos». Además «se establece que las entidades perjudicadas podrán iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas». Ahí se entiende doblemente que «quien las hace las paga», como señaló Milei. A la cuenta del operativo de seguridad se le pueden agregar destrozos o limpieza de paredes pintadas. Y en caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en la Argentina, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones «a los fines pertinentes». Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Y son ellos quienes redactan las leyes.

A esto hay que agregar la denominada “ley ómnibus”, que incluye un insólito requisito: si tres o más personas desean reunirse en un espacio público, deberán pedir permiso 48 horas antes al Gobierno. Y en caso de contar con ese certificado de aprobación, la reunión podrá realizarse siempre y cuando «no estorbe, impida o entorpezca el tránsito».

En paralelo, la ley ómnibus también impulsa la creación de una figura penal para «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad», los cuales «serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la manifestación o acampe». La intención parece ser la de sumirnos en un estado de excepción permanente, dentro de la normalidad capitalista. Como durante la declaración mundial de la pandemia.

La burguesía, nacional o extranjera, nos explota y nos oprime de diferentes maneras. Tengamos o no trabajo. De cualquier género, de todos los colores y diferentes capacidades.

La nueva oposición notifica: «Milei prende la maquinita y el gobierno emite dos billones para pagar deuda y gastos. La cifra equivale al plan platita de Massa que incluyó bonos para jubilados y desocupados, devolución del IVA, y los beneficios impositivos para montributistas y asalariados registrados.» Pero a nosotros de nada nos sirve seguir insistiendo en que el problema es la emisión, que no es solo causa sino principalmente consecuencia del malestar económico en este territorio. De hecho, con la devaluación brusca del peso se licúa su valor real vía inflación, y esto es mucho más importante que la cantidad de pesos circulantes (valor nominal) y las emisiones.

El actual descontento se percibe como un problema de la economía nacional, desconectado de la mundialidad del modo de producción capitalista, un ombliguismo típicamente argentino. No se percibe un horizonte que vaya más allá del de la nación y sus individuos. No se perciben problemas estructurales.

La reducción nacionalista canta insistentemente “la patria no se vende”, dejando el “que se vayan todos” a los partidarios del nuevo gobierno. El espontaneísmo político convive con el fervor electoralero que de espontáneo no tiene nada, sirve de furgón de cola del kirchnerismo y además exige paro a la CGT avalando, de esa manera, todas las instituciones burguesas que contribuyen a nuestra explotación.

Este nuevo pacto democrático nos dice que de esta “se sale votando”. Entonces toda resistencia es una campaña permanente. Solo de esa manera se le puede pedir coherencia a Milei para dejarlo en falta frente a sus votantes (?). ¿Por qué pedirle a Milei que cumpla con su promesa de que la crisis la pague la casta? ¿Para qué pedir a la CGT? Aún considerándolos traidores, ¿traidores de clase?, si son parte de la burguesía explotadora. Ya no solo por sus propuestas ideológicas de conciliación trabajo-capital sino por su posición social objetiva: burgueses. ¿Qué sentido tiene para nuestra clase defender la patria? ¿Y a la burguesía nacional? Se parece a la teoría del derrame de los liberales: “si a la burguesía y al país les va bien, a nosotros también".

No existe algo así como la casta: no hay castas, ni clase política, porque las clases se definen en relación a la explotación y no a las ideologías. Un burgués pude decir todo lo que se le antoje, pueden tomar sus frases y hacerlas bandera pero lo que lo define es su rol en el antagonismo social. Así mismo, las crisis de la sociedad capitalista se producen por su propia dinámica que luego gestiona cada gobierno a su manera. A la propuesta impotente de que la crisis la paguen los ricos, como profesaba la izquierda, ahora directamente se propone que la pague un sujeto inexistente como la casta.

Las crisis empobrecen al proletariado y bajan el nivel de vida de cada una de sus sectores: degradación de las condiciones laborales, reducción del precio de la fuerza de trabajo, aumento del desempleo, empeoramiento en la vivienda, la salud, la educación. Estas condiciones no disparan necesariamente la solidaridad y la lucha porque no se trata de un mecanicismo de la historia o de “cuanto peor, mejor”.

Las crisis preparan una entrada desfavorable para el proletariado en el nuevo ciclo económico. Con abundante mano de obra deseando trabajo en las condiciones que sea, con unos sueldos bajos y aspiraciones más bajas que el ciclo anterior. Eso puede explicar por qué estamos cada vez peor, por qué hay cada vez menos respuesta colectiva y masiva frente a estos atropellos. Quien ingresa al mercado laboral ya ni pretende estar en blanco, como el de la generación anterior no aspiraba al auto-familia-vacaciones, o su antecesor a la casa que otros sí pudieron comprar trabajando.

Como vemos, no se trata de volver atrás o hacer deseable el pasado del llamado “Estado de bienestar”. Se trata de advertir los cambios en la sociedad capitalista: en lo relativo al trabajo, a la identidad obrera, a la división sexual, al capacitismo, al nacionalismo, a la familia, a la religión y al racismo. Elementos puestos en cuestión por los movimientos sociales, así como por las propias dinámicas capitalistas.

Es momento de explorar nuevas perspectivas, nuevas maneras de luchar. Más allá de la patria, del Estado, de la democracia, de la lógica de la mercancía, de los partidos políticos y de los sindicatos.

Ya es hora de señalar la insistencia con “la calle” como receta mágica. La lucha está en las calles, pero no solamente. Habrá quienes dirán que hay que “radicalizarlas”, es decir tirar piedras y enfrentarse con la policía. Esta es una buena ocasión para preguntarnos además: ¿qué lucha? ¿La que quiere hacer volver al gobierno anterior? ¿La de fogonear un nuevo líder de la democracia representativa? ¿Refundar el sindicalismo? ¿Confiar en los movimientos sociales completamente integrados a la normalidad capitalista?

Uno de los posibles futuros condensadores de la rabia actual es Juan Grabois, católico, de discurso contundente y peronista obediente. Pretendido representante, ya no de la masa obrera sino de la masa precarizada que denomina “economía popular”. Hace pocos años atrás fue clarísimo: «Hay que dejar de pensar que el problema de la conflictividad social en argentina somos los movimientos sociales. El Polo Obrero hoy está conteniendo 60 grupos que si no estuvieran desfilando por la 9 de julio estarían haciendo cosas peores. Ustedes no entienden lo que nosotros hacemos por la paz social en este país, no lo dimensionan».

La forma de organizarse, los métodos y los fines de muchos de los movimientos sociales, no solo son reprimidos por el nuevo gobierno, perdieron credibilidad para las personas explotadas de esta sociedad. Ahora se los pone en cuestión por derecha, desde el Estado, pero es un secreto a voces su clientelismo, las tomas de asistencia en las manifestaciones, lo vemos hace décadas. Para muchos hermanos de clase no es más que un laburo y para otros no es una alternativa válida de protesta.

¿Qué decir del sindicalismo? No se trata de que sea corrupto o sus representantes sean inútiles o avaros. No sirve, no solo para la emancipación de las trabajadoras y trabajadores, siquiera en lo inmediato para defendernos. Solo sirve para mantener la armonía entre explotadores y explotados, para que los primeros ganen todo lo que puedan sin olvidar que sus ganancias dependen de nuestra supervivencia.

Habrá quien quiera leer en esto desesperanza o nihilismo. Para nosotros es todo lo contrario. Puede abrirse una posibilidad para explorar y experimentar nuevos métodos, nuevos encuentros y desencuentros, nuevos horizontes. Más allá de las mezquindades de lo normal e impuesto. El año electoral significó una gran pausa a la conflictividad social y la reflexión crítica, pero estos cambios obligan a replantear todas las cuestiones, un balance de las luchas en curso. Es momento de insistir con la necesidad de ruptura.

El fenómeno Milei se apoya en un desprecio a la política tradicional que no es cuestionada como política, en un alto grado de conformismo y confianza en la representatividad y en el “sálvese quien pueda” capitalista. Por su lado, toda la política “progre” continúa encargándose de borrar la ruptura como alternativa, como posibilidad. Es cada vez más nacionalista, estatista, gestionista de lo existente. Ese viene siendo el rol de los partidos políticos que se pretenden representantes de la clase proletaria, mientras que otros como el gobierno actual sinceran su rol como defensores de la burguesía, y cuentan con trabajadores adeptos frente al fracaso del progresismo.

Partiendo de las luchas actuales y las transformaciones de las últimas décadas de la dinámica capitalista a nivel mundial, prestamos atención a sus manifestaciones locales y las posibilidades que estas suponen. En primer lugar, la reproducción masiva de fuerza de trabajo en condiciones de absoluta precariedad, con grandes niveles de desempleo y pobreza. Esto se evidencia como una gran dificultad para el Capital. Por lo pronto, logra sortearla a través de grandes redes de asistencialismo estatal. Veremos cómo continúa esta cuestión ante este nuevo panorama de ajustes violentos.

Otro aspecto fundamental es el de las luchas de mujeres y disidencias, atendiendo en el análisis a los cambios en la división sexual en el capitalismo. Más allá de las políticas centradas en el plano de reconocimiento identitario, señalamos la imposibilidad del capitalismo por dar respuesta a muchas de las problemáticas que se han puesto de manifiesto. Desde una perspectiva revolucionaria ha quedado suficientemente en claro que no es posible abolir las clases sociales sin abolir la división de género y que, por tanto, no es posible abordar un tema sin el otro.

En las luchas en curso también nos encontramos con la cuestión medioambiental. La economía argentina se basa fuertemente en la producción primaria, tanto agropecuaria como minera. De esta depende en gran medida la reproducción de buena parte de la fuerza de trabajo a través del Estado. Este tipo de producción no se puede relocalizar cuando es rechazada por la población. Apostamos por asumir estas profundas implicancias de la lucha, en oposición al supuesto capitalismo verde y a la defensa del territorio como “recurso nacional”. Esto puede volver a dar impulso a las luchas de quienes se identifican como pueblos originarios. Y necesariamente incrementará la lucha antirrepresiva ante los embates de la fuerzas de seguridad.

Evidentemente, la lucha por salarios y mejores condiciones de trabajo continúa siendo fundamental, pero no es la única y se articula con las demás. Ya no es posible pensar los problemas aisladamente.

En resumen, nos referimos a varios planos de la lucha de clases actual, que exceden al mero ámbito de la producción y ponen en cuestionamiento la reproducción capitalista en su conjunto. La posibilidad de una ruptura revolucionaria está latente en esas luchas y expresa un camino a seguir, aunque por el momento se imponga con fuerza la pacificación democrática. No proponemos un cambio de hoy para mañana, pero hay que comenzar. Lo utópico es esperar mejoras de representantes burgueses.

Contra el liberalismo y todas las variantes de la sociedad capitalista. Por el comunismo y la anarquía.