Esto sucede en Córdoba, primeros días de abril. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional tienen una orden: buscar a Felipe Zegers y a Gabriela Medrano, ambos chilenos y participantes de Malas Lenguas, como han llamado a un conjunto de actividades académicas realizadas durante el mes de marzo.
Su crimen: «Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas», «no fueron lo suficientemente prolijos en su accionar», dice Bullrich.
Dejaron en el cuarto del hotel un maletín con herramientas para montar un parlante, que habían utilizado días antes para reproducir, a modo de intervención, la Declaración de los Derechos del Hombre en lenguaje inclusivo. La policía hizo explotar la maleta.
Esto fue prueba suficiente para pertenecer a una «célula anarco-mapuche» que pretendía realizar un atentado contra el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrollaba por esos días en Córdoba. Aunque fueron liberados rápidamente algo quedó claro: dos chilenos y un maletín les bastaron para su operación.
En ningún caso, el Ministerio de Seguridad pudo acreditar una conspiración terrorista.
Pero estos supuestos delitos son un excelente vehículo para el castigo, la estigmatización y el encierro, por el solo hecho de pertenecer a un ambiente sospechoso.
Las leyes antiterroristas se derivan, en gran medida, de las directivas de Naciones Unidas contra el terrorismo. En su mayor parte, se redactaron posteriormente a los sucesos del 11 de septiembre. Los protocolos de guerra contra el terrorismo avanzan y continúan modernizándose, siempre abiertos a las interpretaciones de los jueces. Alrededor del mundo se pueden aplicar a todo aquel que tenga la desgracia de ser detenido y mantenido cautivo por el Estado. Claro que si el cautiverio es transitorio o permanente dependerá de su origen, religión, clase social u orientación política. Este montaje represivo que vimos en Córdoba, se parece a muchos que vimos y vemos cada día más en esta parcela de territorio. La mentirosa dicotomía entre terrorismo y antiterrorismo, es empleada intensamente por el sistema penal en la tarea punitiva de un cierto tipo de violencia social y política. Por sus actos o discursos, son tipificadas y perseguidas aquellas personas que significan un “peligro de Estado”.
Resulta significativo cómo la actividad estatal ha sido excluida de la idea de terrorismo, aun cuando conocemos que el método de acumulación capitalista es abiertamente terrorista, es decir, que aplica una estrategia de dominación a través del terror.
El terrorismo de Estado no es una definición aplicable únicamente a los setenta como suele oírse por estas tierras. El Estado no somos todos, y por mucho que insista la restauración democrática no existe pacto social, ni acuerdo, ni contrato, ni nada que se le parezca. Todos los intereses capitalistas se han impuesto y se imponen bajo el terror. Las leyes antiterroristas solo llegaron para darle un marco legal al terrorismo de Estado.
Vamos a ser sinceros, si realmente existiera algo capaz de poner en peligro el Estado no alcanzarían las cárceles ni las leyes. Este no es el caso, son actos preventivos, porque lo que es impuesto nunca es impuesto totalmente y requiere de más fuerza y mecanismos materiales y simbólicos para perdurar, de buenos y malos. Pero, lo que no mata nos hace más fuertes y los yuyos siguen creciendo a pesar del glifosato.
Su crimen: «Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas», «no fueron lo suficientemente prolijos en su accionar», dice Bullrich.
Dejaron en el cuarto del hotel un maletín con herramientas para montar un parlante, que habían utilizado días antes para reproducir, a modo de intervención, la Declaración de los Derechos del Hombre en lenguaje inclusivo. La policía hizo explotar la maleta.
Esto fue prueba suficiente para pertenecer a una «célula anarco-mapuche» que pretendía realizar un atentado contra el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrollaba por esos días en Córdoba. Aunque fueron liberados rápidamente algo quedó claro: dos chilenos y un maletín les bastaron para su operación.
En ningún caso, el Ministerio de Seguridad pudo acreditar una conspiración terrorista.
Pero estos supuestos delitos son un excelente vehículo para el castigo, la estigmatización y el encierro, por el solo hecho de pertenecer a un ambiente sospechoso.
Las leyes antiterroristas se derivan, en gran medida, de las directivas de Naciones Unidas contra el terrorismo. En su mayor parte, se redactaron posteriormente a los sucesos del 11 de septiembre. Los protocolos de guerra contra el terrorismo avanzan y continúan modernizándose, siempre abiertos a las interpretaciones de los jueces. Alrededor del mundo se pueden aplicar a todo aquel que tenga la desgracia de ser detenido y mantenido cautivo por el Estado. Claro que si el cautiverio es transitorio o permanente dependerá de su origen, religión, clase social u orientación política. Este montaje represivo que vimos en Córdoba, se parece a muchos que vimos y vemos cada día más en esta parcela de territorio. La mentirosa dicotomía entre terrorismo y antiterrorismo, es empleada intensamente por el sistema penal en la tarea punitiva de un cierto tipo de violencia social y política. Por sus actos o discursos, son tipificadas y perseguidas aquellas personas que significan un “peligro de Estado”.
Resulta significativo cómo la actividad estatal ha sido excluida de la idea de terrorismo, aun cuando conocemos que el método de acumulación capitalista es abiertamente terrorista, es decir, que aplica una estrategia de dominación a través del terror.
El terrorismo de Estado no es una definición aplicable únicamente a los setenta como suele oírse por estas tierras. El Estado no somos todos, y por mucho que insista la restauración democrática no existe pacto social, ni acuerdo, ni contrato, ni nada que se le parezca. Todos los intereses capitalistas se han impuesto y se imponen bajo el terror. Las leyes antiterroristas solo llegaron para darle un marco legal al terrorismo de Estado.
Vamos a ser sinceros, si realmente existiera algo capaz de poner en peligro el Estado no alcanzarían las cárceles ni las leyes. Este no es el caso, son actos preventivos, porque lo que es impuesto nunca es impuesto totalmente y requiere de más fuerza y mecanismos materiales y simbólicos para perdurar, de buenos y malos. Pero, lo que no mata nos hace más fuertes y los yuyos siguen creciendo a pesar del glifosato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario