Se aprobó en Bariloche un nuevo Protocolo de actuación de seguridad del Estado en manifestaciones públicas. La
ministra Patricia Bullrich estuvo explicándolo en varios programas de
radio. La postura del Estado para esta ocasión puede resumirse en estas
dos declaraciones sin rodeos: «No queremos encapuchados ni palos» y «Les
vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las
buenas… Y se van o los sacamos».
Si
esto es constitucional o no es un desafío para los leguleyos. Los
explotados sabemos que los poderosos siempre han hecho las leyes a su
medida y si no les alcanza, las pasan por encima… da igual. Sabemos de
antecedentes kirchneristas anteriores a este protocolo, sabemos que fue
votado por varias provincias y podríamos enredarnos hablando de la
continuidad del modelo, etc, etc… Pero
cuando dejemos de hablar del “gobierno K”, del “gobierno de Macri” o
del “gobierno narco–socialista” para hablar del gobierno a secas, del
Estado y de la burguesía, se nos van a aclarar varios problemas.
Frente
a esta medida, nuestro problema es qué hacen nuestros compañeros de
trabajo, vecinos, amigos y familiares. De los burgueses y sus lacayos no
esperamos nada. En el mismo programa de radio se dan las noticias de
los cortes de luz programados, esto despertó mayor indignación que una
ley que claramente afecta a toda la clase explotada. Pero muchos de los
que llamaron a la radio no aportaron más que ideas sobre cómo el
gobierno podría mejorar los avisos de estos cortes: páginas web con
mapas, mensajes de texto… Entre tanta imaginación a ninguno se le
ocurrió que si los cortes de luz siguen van a tener que salir a cortar
la calle. No protestan ni suponen que van a salir a protestar ante la
inflación, los despidos o la destrucción del territorio que habitamos.
El Estado ha logrado que muchos de nosotros no piensen para sí mismos,
sino que piensen cómo y para el Estado.
Y así, tantos hablan del derecho a circular libremente y el derecho a la protesta. Vamos a ser claros: el
derecho a circular libremente suele ser la obligación de trasladarse
para trabajar o consumir y la protesta no es un derecho sino una
necesidad. Es el Estado el
que la ha codificado en “derecho” para regularla y hacerla inofensiva, y
eso sucedió mucho, muchísimo antes de este ínfimo detalle en la
historia de nuestra clase que significa el protocolo.
A
saber, desde ahora se diferencia entre las manifestaciones “programadas”
y las “espontáneas” con un plan fijado para cada una. Ante la primer
opción, el Ministerio de Seguridad debe contactarse con los líderes de
las organizaciones para «establecer un recorrido, tiempo de duración y
realización y estimación de participantes» y dar aviso a la Justicia.
Cuando se trata de cortes “espontáneos”, las fuerzas de seguridad
informan a los líderes de las organizaciones (desde el Estado no se
prevé que podría no haberlos) su obligación de liberar el lugar y al
mismo tiempo se avisa a la Justicia. Si el corte continúa «se abre un
brevísimo momento de avisarles que por favor liberen la calle e
inmediatamente, si no lo hacen, comienza un procedimiento de liberación
por uso de la fuerza pública. Si el delito es infraganti las fuerzas pueden actuar por sí mismas sin necesidad de orden judicial», ladró Bullrich.
«Queremos
mostrar un cambio de paradigma y que la Argentina comience a mostrar
normalidad y que la normalidad no sea interrumpir la calle y complicar
la vida de la gente», advirtió la ministra y sentenció: «No vamos a
adoptar el método de media calzada ni nada, sino la liberación total.»
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