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Aún quedan en las calles de Rosario algunos carteles de las recientes elecciones provinciales. «Ahora la paz y el orden» prometía el candidato ganador, un “peronista de ley”.
Todos los representantes de las diferentes facciones de la clase dominante consciente de sus intereses históricos, del “Partido del Orden” a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta han estado de acuerdo. Hacia mediados del siglo XIX, con el surgimiento de los Estados modernos, la dicotomía Civilización y Barbarie se hizo carne de organización. El positivismo racionalista e higienista trazó una línea, acá lo civilizado: el trabajo, la escuela, la iglesia, los puertos, la ciudad, los edificios monumentales, en el campo las estancias como apéndice de todo aquello. Más allá lo bárbaro: “los indios”, las poblaciones rurales rebeldes. La inmensidad de la naturaleza como desierto hostil. Lo que es necesario, controlar, domesticar, atemorizar, y en ocasiones eliminar.
«Paz y Administración» dictaba el genocida Roca; «Pacificación de la Araucanía» que llevó adelante Cornelio Saavedra Rodríguez; «Paz y Orden» era el lema de Porfirio Díaz en México; «Orden y Progreso» reza la bandera del Brasil.
A principios del XX, ya con el Estado afianzado, esta dicotomía continuó pero invertida: con el surgimiento del proletariado organizado, la ciudad con sus barrios obreros llenos de mugre y conventillos sobrepoblados empezó a ser vista como corruptora y el campo y sus habitantes como lo cándido, reservorio de los más puros valores nacionales. Obviamente esto era falso, los peones rurales alzados en Santa Cruz y los obreros y hacheros rebeldes en Santa Fe no parecían muy dados al patriotismo… La clase dominante argentina hablaba del paso «de los malones indios, a los malones rojos».
Hoy los cinturones de miseria rodean las ciudades y los ex barrios obreros quedaron en decadencia. Las fábricas ya no echan humo, ya casi nadie tiene un trabajo para toda la vida. La desocupación, la precarización, la informalidad y la autoexplotación configuran hoy la vida proletaria. El mundo rural que nos rodea, más domesticado que nunca, es un enorme lote inhabitable, lleno de soja y veneno. El panorama ha cambiado, hoy la guerra de la Civilización contra la Barbarie es preventiva, contra la amenaza de un malón de pobres y hambrientos que la primera crea.
En el marco del año electoral, no es solo el gobierno de Cambiemos el que sigue apostando al “voto bala” y al “voto cárcel”, no son solo los reaccionarios de la unidad evangélico-católica o los nostálgicos de la Alianza Anticomunista Argentina. Cualquiera de los partidos democráticos que tengan una posibilidad real de ganar las elecciones debe prometer bala y cárcel, porque es lo que la mayoría del ganado electoral clama. Porque esa masa de explotados ha aprendido a naturalizar el robo sistemático y permanente de su vida y a horrorizarse por el robo de sus pocas pertenencias. Ante la violencia de “los choros” claman por el Estado, es decir, por el monopolio de violencia.
El Estado considera a su propia población como una amenaza. La seguridad interna y la defensa internacional se mezclan, el enemigo no es percibido como una potencia extranjera invasora, sino que estaría dentro. El método del enemigo interno, desarrollado por Francia en la guerra anticolonial en Argelia, es exportada a Latinoamérica en los 70. Solo que en la actualidad el enemigo trasciende la idea de un subversivo armado u organizado en una fábrica. Ahora serían directamente los pobres, organizados o no, a quienes controlar y eliminar.
«Todos los ciudadanos son iguales, pero algunos más que otros». Hay sectores de la clase explotada y oprimida que se llevan la peor parte: los jóvenes varones y desocupados de los barrios más pobres, quienes lideran desde hace años y ampliamente los casos de gatillo fácil y torturas a manos de las fuerzas estatales, los sectores pobres de las denominadas minorías sexuales y los miembros de comunidades indígenas, especialmente si resisten al Estado.
El decreto 683/2018, aprobado en julio del año pasado, permite la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de la Ley de Seguridad Interior. Hablando claro, permite sacar los milicos a la calle ante las protestas sociales por el constante empeoramiento de las condiciones de vida, pero también les permite, y alienta, a movilizarlos a los territorios donde se llevan adelante diversas obras del Progreso como el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
Una guerra declarada
En septiembre de 2015 el entonces gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recibió en Rosario a Elías Soae Freue, quien fue el encargado de organizar sistemas de seguridad con el involucramiento de los gobiernos locales, las fuerzas, y los vecinos. Desde 2008, Soae Freue trabaja con el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores (MASHAV) en el asesoramiento a otros países para la concepción y consolidación de cuerpos de Policía Comunitaria, voluntariado vecinal, diseño de planes y modelos de prevención de violencia juvenil, deserción escolar y reinserción social de “jóvenes vulnerables”.
El gobierno provincial anunciaba descaradamente que «el programa Multipol es el mismo que fue empleado en Israel para generar un esquema de Policía Comunitaria en zonas conflictivas». Al respecto, Elías Soae Freue indicó que «este modelo fue implementado en ese país y en otras ciudades de Latinoamérica con resultados positivos». Pero ¿cuáles son las “zonas conflictivas” en Israel? Se trata lisa y llanamente de una fuerza de ocupación.
Santa Fe pionera e innovadora compró, literalmente, este modelo tres años antes de que Argentina firme su convenio con Israel. Ya en 2012, con la Ley de Emergencia en Seguridad bajo el brazo, la policía engordó con 4000 nuevos agentes, se instalaron las cámaras de seguridad que ya son parte del paisaje urbano y compraron dos carros hidrantes que esperan ser estrenados. A todo esto, hay que sumar que la cantidad de presos se duplicaron y no en relación al aumento del delito sino gracias a la gestión de seguridad que, prometían, traería paz, tranquilidad y orden a los vecinos.
Para febrero de este año se confirmó la instalación de una base de la DEA (Administración para el Control de Drogas, agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) en Misiones y en mayo la construcción de una “Sede de Ayuda Humanitaria” del Comando Sur del Ejército estadounidense, a tan solo 30 minutos del enorme yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
Mientras tanto, y en pleno ajuste, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich realizó numerosas compras de armamento, vehículos y drones a empresas e instituciones israelíes. Y que no se malinterprete, no se trata de un despilfarro ante el hambre, la desocupación y la miseria, se trata de una inversión ante los estallidos que pueden generar el hambre, la desocupación y la miseria. Se trata de prevenir el delito, el delito de la rebelión.
Independientemente de la facción del Partido del Orden que gobierne y gestione, la tendencia es la acción disuasiva y la represión. Mario Montoto es el proveedor ininterrumpido de todos los gobiernos desde Alfonsín en adelante, dueño de CODESUR, el principal empresario armamentístico del mercado nacional, también ex montonero como Bullrich, fue quien ofició de nexo entre Mauricio Macri y Netanyahu, presidente de Israel, en su reciente visita. Montoto es presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí y por tanto responsable y beneficiario directo en la compra de armamento de última tecnología que produce ese país.
En esta guerra, en este territorio, el Estado argentino está rompiendo sus propios récords. El 22 de mayo Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) contabilizaba 26 muertes por gatillo fácil o en lugares de detención. No había terminado el mes y ya había más asesinados que días en el calendario. Durante 12 años se contabilizó un muerto cada 30 horas, bajando a 28 en 2015. En la transición entre los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros de Macri cada 25; en 2017 llegamos a la cifra de un muerto cada 23 horas, siendo actualmente de un asesinado cada 21 horas.
Sin embargo, como señalábamos hace algunos números atrás, no podemos olvidar el informe Basta de Asesinatos Laborales: una persona muerta cada 20 horas. Y la situación es aún peor porque, tal como señalan los realizadores de este informe, solo se incluyen los accidentes en el trabajo, excluyéndose los que sufren los trabajadores “en negro”, así como los llamados accidentes in itinere (en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar) que son de una magnitud semejante a los accidentes en el trabajo. Por no hablar de todas las enfermedades mortales provocadas por la exposición repetida a una misma nocividad que luego no es directa ni formalmente vincula al trabajo en cuestión.
A fin de cuentas, de eso se trata todo esto: del mantenimiento del trabajo asalariado, de la propiedad privada y de una sociedad basada en la división de clases. Esa es la producción de cadáveres de esta industria de la seguridad. Ese es el genocidio silencioso y permanente de la sociedad capitalista. Por eso es un problema internacional y no simplemente local. Por eso compran armas a los Estados gendarmes del planeta, por eso vienen a Rosario los carabineros chilenos a dar cátedra de represión.
Por eso en mayo de este año en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, la policía asesinó a tres menores y un mayor, mientras que una chica quedó internada en estado muy delicado, quien está recuperándose favorablemente.
Rápidamente se derrumbó la insostenible versión policial, pero los pibes ya están muertos. «Auto se estrelló contra un camión con acoplado: 4 muertos» tituló el simpático diario Crónica. La realidad es que los pibes no pararon en un control y los balearon, hasta que asustados acabaron estrellándose contra un camión. Actualmente hay doce policías y un funcionario comunal detenidos, y otros cuatro agentes desplazados de sus funciones. Pero no se trata simplemente de una decisión aislada sino de una metodología de Estado. Podrán ir presos los verdugos que dispararon, pero no los funcionarios que dan la orden y mucho menos los burgueses que generan las condiciones propicias para estas carnicerías.
Días después de la masacre de Monte, la policía mató a un joven con varios tiros en el pecho en Tres de Febrero (provincia de Buenos Aires). Otra persecución policial que terminó en asesinato. Las cámaras de seguridad muestran cómo la policía disparó a jóvenes que se encontraban con las manos en alto. La versión policial intentó instalar que se trataba de una persecución luego de un robo a un supermercado por un “grupo comando”, pero no hubo robo tal como muestran las cámaras de vigilancia. Y para mayor maldad tuvieron presos a sus amigos por cinco días hasta que cayó el montaje del robo al supermercado. Como en el caso anterior, los hechos van siendo esclarecidos, pero la demostración de fuerza ya está hecha: pueden hacer lo que quieren y disponer de nuestras vidas, y esa es una forma de ejercer democráticamente el terrorismo de Estado.
Mientras cerrábamos este artículo, en Santiago del Estero la policía asesinó a Silvia Maldonado de 17 años. Dejó un hijo de dos años y una hijita de un mes. El 18 de junio, luego de agonizar dos días, murió. Vecinos y familiares se enfrentaron a la policía en la comisaría del barrio. No todo es complicidad y silencio.
Todos los representantes de las diferentes facciones de la clase dominante consciente de sus intereses históricos, del “Partido del Orden” a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta han estado de acuerdo. Hacia mediados del siglo XIX, con el surgimiento de los Estados modernos, la dicotomía Civilización y Barbarie se hizo carne de organización. El positivismo racionalista e higienista trazó una línea, acá lo civilizado: el trabajo, la escuela, la iglesia, los puertos, la ciudad, los edificios monumentales, en el campo las estancias como apéndice de todo aquello. Más allá lo bárbaro: “los indios”, las poblaciones rurales rebeldes. La inmensidad de la naturaleza como desierto hostil. Lo que es necesario, controlar, domesticar, atemorizar, y en ocasiones eliminar.
«Paz y Administración» dictaba el genocida Roca; «Pacificación de la Araucanía» que llevó adelante Cornelio Saavedra Rodríguez; «Paz y Orden» era el lema de Porfirio Díaz en México; «Orden y Progreso» reza la bandera del Brasil.
A principios del XX, ya con el Estado afianzado, esta dicotomía continuó pero invertida: con el surgimiento del proletariado organizado, la ciudad con sus barrios obreros llenos de mugre y conventillos sobrepoblados empezó a ser vista como corruptora y el campo y sus habitantes como lo cándido, reservorio de los más puros valores nacionales. Obviamente esto era falso, los peones rurales alzados en Santa Cruz y los obreros y hacheros rebeldes en Santa Fe no parecían muy dados al patriotismo… La clase dominante argentina hablaba del paso «de los malones indios, a los malones rojos».
Hoy los cinturones de miseria rodean las ciudades y los ex barrios obreros quedaron en decadencia. Las fábricas ya no echan humo, ya casi nadie tiene un trabajo para toda la vida. La desocupación, la precarización, la informalidad y la autoexplotación configuran hoy la vida proletaria. El mundo rural que nos rodea, más domesticado que nunca, es un enorme lote inhabitable, lleno de soja y veneno. El panorama ha cambiado, hoy la guerra de la Civilización contra la Barbarie es preventiva, contra la amenaza de un malón de pobres y hambrientos que la primera crea.
En el marco del año electoral, no es solo el gobierno de Cambiemos el que sigue apostando al “voto bala” y al “voto cárcel”, no son solo los reaccionarios de la unidad evangélico-católica o los nostálgicos de la Alianza Anticomunista Argentina. Cualquiera de los partidos democráticos que tengan una posibilidad real de ganar las elecciones debe prometer bala y cárcel, porque es lo que la mayoría del ganado electoral clama. Porque esa masa de explotados ha aprendido a naturalizar el robo sistemático y permanente de su vida y a horrorizarse por el robo de sus pocas pertenencias. Ante la violencia de “los choros” claman por el Estado, es decir, por el monopolio de violencia.
El Estado considera a su propia población como una amenaza. La seguridad interna y la defensa internacional se mezclan, el enemigo no es percibido como una potencia extranjera invasora, sino que estaría dentro. El método del enemigo interno, desarrollado por Francia en la guerra anticolonial en Argelia, es exportada a Latinoamérica en los 70. Solo que en la actualidad el enemigo trasciende la idea de un subversivo armado u organizado en una fábrica. Ahora serían directamente los pobres, organizados o no, a quienes controlar y eliminar.
«Todos los ciudadanos son iguales, pero algunos más que otros». Hay sectores de la clase explotada y oprimida que se llevan la peor parte: los jóvenes varones y desocupados de los barrios más pobres, quienes lideran desde hace años y ampliamente los casos de gatillo fácil y torturas a manos de las fuerzas estatales, los sectores pobres de las denominadas minorías sexuales y los miembros de comunidades indígenas, especialmente si resisten al Estado.
El decreto 683/2018, aprobado en julio del año pasado, permite la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de la Ley de Seguridad Interior. Hablando claro, permite sacar los milicos a la calle ante las protestas sociales por el constante empeoramiento de las condiciones de vida, pero también les permite, y alienta, a movilizarlos a los territorios donde se llevan adelante diversas obras del Progreso como el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
Una guerra declarada
En septiembre de 2015 el entonces gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recibió en Rosario a Elías Soae Freue, quien fue el encargado de organizar sistemas de seguridad con el involucramiento de los gobiernos locales, las fuerzas, y los vecinos. Desde 2008, Soae Freue trabaja con el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores (MASHAV) en el asesoramiento a otros países para la concepción y consolidación de cuerpos de Policía Comunitaria, voluntariado vecinal, diseño de planes y modelos de prevención de violencia juvenil, deserción escolar y reinserción social de “jóvenes vulnerables”.
El gobierno provincial anunciaba descaradamente que «el programa Multipol es el mismo que fue empleado en Israel para generar un esquema de Policía Comunitaria en zonas conflictivas». Al respecto, Elías Soae Freue indicó que «este modelo fue implementado en ese país y en otras ciudades de Latinoamérica con resultados positivos». Pero ¿cuáles son las “zonas conflictivas” en Israel? Se trata lisa y llanamente de una fuerza de ocupación.
Santa Fe pionera e innovadora compró, literalmente, este modelo tres años antes de que Argentina firme su convenio con Israel. Ya en 2012, con la Ley de Emergencia en Seguridad bajo el brazo, la policía engordó con 4000 nuevos agentes, se instalaron las cámaras de seguridad que ya son parte del paisaje urbano y compraron dos carros hidrantes que esperan ser estrenados. A todo esto, hay que sumar que la cantidad de presos se duplicaron y no en relación al aumento del delito sino gracias a la gestión de seguridad que, prometían, traería paz, tranquilidad y orden a los vecinos.
Para febrero de este año se confirmó la instalación de una base de la DEA (Administración para el Control de Drogas, agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) en Misiones y en mayo la construcción de una “Sede de Ayuda Humanitaria” del Comando Sur del Ejército estadounidense, a tan solo 30 minutos del enorme yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
Mientras tanto, y en pleno ajuste, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich realizó numerosas compras de armamento, vehículos y drones a empresas e instituciones israelíes. Y que no se malinterprete, no se trata de un despilfarro ante el hambre, la desocupación y la miseria, se trata de una inversión ante los estallidos que pueden generar el hambre, la desocupación y la miseria. Se trata de prevenir el delito, el delito de la rebelión.
Independientemente de la facción del Partido del Orden que gobierne y gestione, la tendencia es la acción disuasiva y la represión. Mario Montoto es el proveedor ininterrumpido de todos los gobiernos desde Alfonsín en adelante, dueño de CODESUR, el principal empresario armamentístico del mercado nacional, también ex montonero como Bullrich, fue quien ofició de nexo entre Mauricio Macri y Netanyahu, presidente de Israel, en su reciente visita. Montoto es presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí y por tanto responsable y beneficiario directo en la compra de armamento de última tecnología que produce ese país.
En esta guerra, en este territorio, el Estado argentino está rompiendo sus propios récords. El 22 de mayo Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) contabilizaba 26 muertes por gatillo fácil o en lugares de detención. No había terminado el mes y ya había más asesinados que días en el calendario. Durante 12 años se contabilizó un muerto cada 30 horas, bajando a 28 en 2015. En la transición entre los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros de Macri cada 25; en 2017 llegamos a la cifra de un muerto cada 23 horas, siendo actualmente de un asesinado cada 21 horas.
Sin embargo, como señalábamos hace algunos números atrás, no podemos olvidar el informe Basta de Asesinatos Laborales: una persona muerta cada 20 horas. Y la situación es aún peor porque, tal como señalan los realizadores de este informe, solo se incluyen los accidentes en el trabajo, excluyéndose los que sufren los trabajadores “en negro”, así como los llamados accidentes in itinere (en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar) que son de una magnitud semejante a los accidentes en el trabajo. Por no hablar de todas las enfermedades mortales provocadas por la exposición repetida a una misma nocividad que luego no es directa ni formalmente vincula al trabajo en cuestión.
A fin de cuentas, de eso se trata todo esto: del mantenimiento del trabajo asalariado, de la propiedad privada y de una sociedad basada en la división de clases. Esa es la producción de cadáveres de esta industria de la seguridad. Ese es el genocidio silencioso y permanente de la sociedad capitalista. Por eso es un problema internacional y no simplemente local. Por eso compran armas a los Estados gendarmes del planeta, por eso vienen a Rosario los carabineros chilenos a dar cátedra de represión.
Por eso en mayo de este año en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, la policía asesinó a tres menores y un mayor, mientras que una chica quedó internada en estado muy delicado, quien está recuperándose favorablemente.
Rápidamente se derrumbó la insostenible versión policial, pero los pibes ya están muertos. «Auto se estrelló contra un camión con acoplado: 4 muertos» tituló el simpático diario Crónica. La realidad es que los pibes no pararon en un control y los balearon, hasta que asustados acabaron estrellándose contra un camión. Actualmente hay doce policías y un funcionario comunal detenidos, y otros cuatro agentes desplazados de sus funciones. Pero no se trata simplemente de una decisión aislada sino de una metodología de Estado. Podrán ir presos los verdugos que dispararon, pero no los funcionarios que dan la orden y mucho menos los burgueses que generan las condiciones propicias para estas carnicerías.
Días después de la masacre de Monte, la policía mató a un joven con varios tiros en el pecho en Tres de Febrero (provincia de Buenos Aires). Otra persecución policial que terminó en asesinato. Las cámaras de seguridad muestran cómo la policía disparó a jóvenes que se encontraban con las manos en alto. La versión policial intentó instalar que se trataba de una persecución luego de un robo a un supermercado por un “grupo comando”, pero no hubo robo tal como muestran las cámaras de vigilancia. Y para mayor maldad tuvieron presos a sus amigos por cinco días hasta que cayó el montaje del robo al supermercado. Como en el caso anterior, los hechos van siendo esclarecidos, pero la demostración de fuerza ya está hecha: pueden hacer lo que quieren y disponer de nuestras vidas, y esa es una forma de ejercer democráticamente el terrorismo de Estado.
Mientras cerrábamos este artículo, en Santiago del Estero la policía asesinó a Silvia Maldonado de 17 años. Dejó un hijo de dos años y una hijita de un mes. El 18 de junio, luego de agonizar dos días, murió. Vecinos y familiares se enfrentaron a la policía en la comisaría del barrio. No todo es complicidad y silencio.
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«Orden es esclavitud, el pensamiento encadenado, la degradación de la especie humana mantenida por la espada y el látigo. Es la repentina muerte por una explosión o la muerte lenta por sofoco de cientos de mineros que estallan o son enterrados cada año por la codicia de sus patrones, y son fusilados tan pronto como osan quejarse. (...) Desorden es el estallido de las más finas pasiones y los más grandes sacrificios, ¡es la épica del supremo amor a la humanidad!» expresaba Piotr Kropotkin.
A la «Paz y el Orden» de Porfirio Díaz, replicó Ricardo Flores Magón: «Y bien, predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad; cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos; cuando el Gobierno, y la Burguesía y el Clero matan toda aspiración y toda esperanza; predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe rechazar. Hay paz en la ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento; pero esa paz no es vida (…). Una paz así, ¡maldita sea!»
A la «Paz y el Orden» de Porfirio Díaz, replicó Ricardo Flores Magón: «Y bien, predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad; cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos; cuando el Gobierno, y la Burguesía y el Clero matan toda aspiración y toda esperanza; predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe rechazar. Hay paz en la ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento; pero esa paz no es vida (…). Una paz así, ¡maldita sea!»