Contexto social: Las Heras, 2006
A fines del año 2005 y comienzos del 2006 se llevó a cabo la lucha de los trabajadores del petróleo en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. El reclamo contemplaba elevar el mínimo no imponible con respecto al impuesto al salario (mal llamado ganancia) y la devolución de los días caídos. A la vez, se reclamaba el encuadramiento gremial en petroleros para los trabajadores de la UOCRA que trabajaban en el campo haciendo lo mismo que ellos, y los cuales además reclamaban mejores condiciones dado que, en muchos casos no tenían agua, baños ni papel higiénico.
El estado provincial de Santa Cruz –quien obtenía más de $740 por minuto en concepto de regalías petroleras y con una de las cuencas más productivas de todo el país, la del Golfo San Jorge– no dudó en apoyar a las multinacionales, como ser REPSOL, Pan American Energy, Serpecom, etc., iniciando una campaña de represión a los trabajadores para mantener su estabilidad y la de las empresas, y poder así seguir robando y explotando a los obreros.
Aún en este contexto, se declara la huelga general petrolera que es acatada masivamente en el norte de Santa Cruz —gobernada en ese momento por el entonces kirchnerista Sergio Acevedo— y comienzan a sentirse los piquetes en las puertas de las empresas. Hay un gran apoyo por parte de la población y las diversas actividades se organizan y sostienen con una amplia participación de obreros. Por otra parte, el gremio de los petroleros, dirigido por Hector “Chaco” Segovia (quien entrega una lista al juzgado de Pico Truncado con 180 nombres de petroleros que estaban en actividad en ese momento), muy estrecho al gobernador y al presidente Néstor Kirchner, se opuso a la protesta, en un claro ejemplo de cómo los sindicatos son fieles al aparato burócrata del estado, por lo cual los trabajadores decidieron en asamblea iniciar sus acciones de lucha por fuera de la conducción sindical. Las medidas de fuerza se hacían cada vez más duras: paros, cortes de ruta o toma de yacimientos para frenar la producción, siendo respondidas por las empresas con denuncias penales por usurpación, amenazas, persecuciones y detenciones, para garantizar el libre tránsito y el libre acceso a los yacimientos. Rápidamente la ciudad comenzó a militarizarse, gendarmes y grupos policiales patrullando y ocupando la ciudad y los pozos petroleros, fuerzas policiales realizando operativos de requisa con personas extrañas que decían ser de la Brigada de Investigaciones, que se trasladan en autos con vidrios polarizados y sin patente, amedrentando a las familias de los activistas e impidiendo la realización de asambleas de trabajadores en las empresas.
Finalmente el 6 de febrero, tras cumplidos 20 días de huelga, el gobierno de Acevedo detuvo por la noche, sin causa y sin explicaciones, a Mario Navarro, vocero de los huelguistas mientras comunicaba los objetivos de la protesta en una radio local. Los obreros, cuando se enteraron de la noticia, se movilizaron exigiendo la inmediata liberación de su compañero, siendo recibidos con disparos, balas de goma y gases lacrimógenos.
Durante la represión se dispara un arma de fuego y es herido un policía, quien muere horas después. Nadie pudo constatar de donde salió el disparo, sin embargo el 24 de febrero son detenidos 12 trabajadores acusados de la muerte del oficial, siendo liberados 6 de ellos, mientras los otros 6 quedan encarcelados durante 3 largos años, donde sufren torturas.
Durante la represión se dispara un arma de fuego y es herido un policía, quien muere horas después. Nadie pudo constatar de donde salió el disparo, sin embargo el 24 de febrero son detenidos 12 trabajadores acusados de la muerte del oficial, siendo liberados 6 de ellos, mientras los otros 6 quedan encarcelados durante 3 largos años, donde sufren torturas.
La condena
El pasado 12 de diciembre, en Caleta Olivia, se llevó a cabo el juicio a los trabajadores acusados de la muerte del policía Sayago ocurrida en la pueblada en la que participaron más de 2000 personas, realizada en Las Heras en el año 2006.
Catrihuala, trabajador petrolero participante de dicha manifestación, argumentaba: «Nuestra lucha fue en contra del impuesto al salario y por el pase a convenio petrolero de los trabajadores que estaban bajo el de la UOCRA, por eso cuando estábamos cortando una ruta en defensa de nuestros reclamos, nos metieron preso a Navarro, nuestro vocero. Cuando fuimos a liberarlo nos reprimieron, nos tiraron con todo lo que tenían, incluidas balas de plomo. Pero ellos quieren inventar otra historia y decir ahora que los “heridos” fueron los policías».
Finalmente, el jueves 12 la Cámara del Crimen de Caleta Olivia da su veredicto: perpetua por homicidio agravado para Hugo Gonzales, Inocencio Cortés, José Rosales y Franco Padillla (a quien confinan bajo régimen de tutoría por haber sido menor en 2006); 5 años para Darío Catrihuala por partícipe necesario y lesiones graves, 5 años a Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Nestor Aguilar y Rubén Bach por coacción agravada; y Juan Domingo Bilbao y Alexis Pérez quedan absueltos. Todo ello basado en nada, sin evidencia alguna y sin identificación del autor de los disparos, en un claro acto de persecución. Afuera, cerca de 300 personas escuchaban con bronca y tristeza la sentencia, pero sus acciones no pasaban más que de un acto de apoyo y solidaridad. Si bien es importante este apoyo, no puede quedar en eso ni terminar allí. Los jueces y gobernantes deben saber que esto no quedará así, y que se llevarán adelante las acciones necesarias hasta lograr la absolución de los compañeros, que esas acciones serán violentas y que no confiamos ni esperamos nada de ellos. Cortés dijo: «Nos dieron cadena perpetua. Somos inocentes. Es una vergüenza. ¿Cómo se llena la boca la presidenta con los derechos humanos cuando se condena en su provincia a trabajadores por una movida política? Quieren que estemos presos para que nadie más se anime a salir a pelear por sus derechos. Le pedimos a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), al Frente de Izquierda, a todas la organizaciones que salgan a pedir un paro nacional. Nos quedan pocos días de libertad y nos van a encerrar sin ninguna prueba de nada».
Así como condenaba a muerte a los mártires de Chicago en Estados Unidos en 1887, la democracia vuelve a poner sus garras sobre trabajadores que salen a luchar por una mejor calidad de vida. Otra vez buscando aniquilar los ideales de lucha y la organización de la clase explotada, imponiendo el miedo y el castigo como método de sumisión. Esto es un claro ejemplo de cómo el capitalismo y sus instituciones siguen operando sobre nuestras vidas, haciendo lo que sea para mantener su orden y continuidad, persiguiendo, asesinando o encarcelando a quienes ponen en juego su estabilidad.
No podemos permanecer callados y aceptar esta situación como algo dado o acabado, debemos usar nuestra fuerza y organizarnos, siempre horizontalmente y por fuera del Estado, para hacerles saber que no estamos pasivos y que no vamos a aceptar que nos traten como ganado en el matadero, que vamos a luchar hasta el final para conseguir la apreciada libertad y destruir la sociedad de clases que nos mantiene explotados.
¡Por la abolición del sistema capitalista, su Estado y sus cárceles!
¡Viva la solidaridad, viva la revolución social!
¡Viva la solidaridad, viva la revolución social!